Una investigación reciente sobre operaciones de contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, señala que en los puertos de Altamira y Tampico operaba una red compleja para introducir diésel al país declarando mercancías distintas, como aditivos para aceites lubricantes, para evadir impuestos arancelarios.
Se habla de al menos 14 barcos vinculados al esquema y cada vez que estos barcos llegaban se movilizaban cerca de 300 pipas para realizar las descargas del combustible.
En uno de los casos más conocidos, el buque Challenge Procyon fue asegurado con 10 millones de litros de diésel, después de haber ingresado al puerto con manifiesto de “aditivos”.
También se documenta que otros seis barcos cargados con millones de litros de combustible contrabandeado atracaron hasta 14 veces, según declaraciones del exdirector de la aduana de Tampico que ahora colabora como testigo protegido.
El esquema mezcla falsificación de documentos, complicidad institucional y manipulación operacional:
Los barcos llegaban con manifiestos que decían transportar aditivos para aceite lubricante, mercancía que suele tener una fracción arancelaria menos gravada o exenta de ciertos impuestos.
En tierra, se movilizaban cientos de pipas que descargaban el combustible real, es decir, diésel automotriz en muchos casos, ignorando los permisos o etiquetas que figuraban en los documentos.
Sobornos eran parte integral del mecanismo. El ex director de aduanas declaró que cada buque implicado generaba una “cuota” de 1 750 000 pesos para el pago de sobornos, monto que se distribuía entre personal naval, aduanal y de otras instituciones portuarias.
Las personas detenidas por la FGR incluyen marinos en activo, exfuncionarios de aduanas y empresarios.
Una agencia naviera identificada como Alta Marítima aparece como partícipe en la operación de al menos 31 buques que ingresaron bajo el esquema descrito, entre abril de 2024 y marzo de 2025.
Se ha documentado que los documentos utilizados para justificar la carga falsificada eran elaborados con conocimiento de agentes navieros, aduanales y portuarios.
El arribo del buque Challenge Procyon desencadenó operativos federales en Altamira y Tampico que culminaron con aseguramientos de combustible, vehículos, contenedores y detenciones.
En el país, las investigaciones recientes señalan que al menos 555 empresas están vinculadas al huachicol fiscal, operando en ocho puertos estratégicos que incluyen Altamira (Tamaulipas), Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán.
Según estimaciones y los datos recabados, se han detectado miles de casos de huachicol fiscal durante 2024-2025, lo que ha generado un impacto considerable al erario público por la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otros gravámenes.
Determinar con exactitud cuántos litros de combustible ingresaron finalmente bajo esta modalidad versus lo que se logró decomisar. En varios documentos oficiales hay discrepancias entre lo declarado en los manifiestos y lo asegurado físicamente.
Fortalecer mecanismos de supervisión física y revisión documental en los manifiestos navieros, aduanas y capitanías de puerto, dado que los registros identifican a agentes auxiliares, agentes navieros, aduaneros, y autoridades navales como piezas fundamentales de la red corrupta.
Conocer el avance concreto de los procesos judiciales, incluyendo a los prófugos, y ver qué sanciones efectivas se han impuesto a quienes desviaron los controles de seguridad portuaria para permitir estas operaciones.
El huachicol fiscal que operaba en Altamira y Tampico constituye más que un simple problema aislado: refleja una operación estructurada, con buques, pipas, personal operativo y institucional, documentos falsos, complicidades navieras, aduaneras y navales, y un esquema de evasión fiscal con cuantiosas pérdidas. Hasta ahora, hay avances importantes en detenciones y aseguramientos, pero la magnitud total de lo introducido ilegalmente y el impacto real al erario aún están en proceso de escrutinio por las autoridades.
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