En una sesión extraordinaria, el Congreso del estado instruyó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) reabrir y revisar las cuentas públicas del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca correspondientes a los ejercicios fiscales de 2016 a 2021. La decisión responde a pagos por 46.3 millones de pesos destinados a despachos jurídicos al parecer vinculados con su defensa personal.
La iniciativa fue impulsada por diputados de Morena y el Partido del Trabajo, y fue aprobada con 26 votos a favor y seis en contra —todos del PAN—.
“Es muy posible que los pagos que hizo el exgobernador se realizaron con recursos públicos para atender asuntos personales de Cabeza de Vaca”, dijo el diputado Elipaleth Gómez Lozano.
El acuerdo instruye a la ASE a realizar una auditoría detallada, que contemple contratos, condiciones pactadas y entregables que justifiquen los pagos.
“La revisión de las cuentas públicas señaladas verificará que los pagos realizados se encuentren sustentados legalmente, con los respectivos contratos de pago celebrados entre ambas partes y la condición en que estos se otorgaron, así como en la existencia de las erogaciones correspondientes.”
En medios estatales se indica que estos pagos se habrían otorgado a Coello Trejo y Asociados y Accuracy Legal and Consulting, despachos propiedad de Javier Coello Trejo y Roberto Gil Zuarth, respectivamente.
“Los despachos jurídicos Coello Trejo y Asociados, y Accuracy Legal and Consulting, propiedad del exsenador Roberto Gil Zuarth, habrían recibido 46.3 millones de pesos del Gobierno de Cabeza de Vaca para su beneficio personal”.
En agosto, la Legislatura reprobó 41 de 44 cuentas públicas del ejercicio 2021 heredadas de la administración anterior. Solo tres obtuvieron dictamen favorable: el Instituto de Transparencia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la COMAPA de Miguel Alemán.
La diputada Yuriria Iturbe (Morena) solicitó que se profundizara la revisión y se interpusieran denuncias penales por omisiones conforme a la Ley de Fiscalización y la Ley de Disciplina Financiera.
Además, el gobierno estatal presentó 70 denuncias —14 de ellas penales— por un probable desvío de más de 343 millones 900 mil pesos en contratos con empresas vinculadas a los hermanos Carmona.
“Estas denuncias son el producto de una exhaustiva investigación… No son errores administrativos, son inconsistencias que muestran un patrón de conducta”, puntualizaron los legisladores.
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