La Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó 70 denuncias contra exfuncionarios -14 de ellas de carácter penal- por un presunto daño al erario de 343 millones 966 mil pesos atribuible a contratos de mantenimiento hospitalario adjudicados en 2017 y 2018 a dos empresas vinculadas a los hermanos Carmona. La presentación la hizo el director jurídico de la dependencia, Iván Saldaña Magaña, en conferencia de prensa.
De acuerdo con lo expuesto por la autoridad sanitaria, las denuncias mencionan al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca; a la exsecretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa; al exsubsecretario de Planeación y Vinculación Social de Servicios de Salud, Horacio García Rojas Guerra; al exsubsecretario de Administración y Finanzas, Alejandro Aguilar Poegner; y al entonces director de Compras del Gobierno estatal, Román Castillo Airola.
Las empresas señaladas son Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, identificadas en los contratos de mantenimiento a hospitales durante el periodo 2017–2018.
Julio César Carmona Angulo, apoderado legal de la Permat y Carlos Alejandro Romero Guerra, representante legal de la empresa Joser celebraron contratos de hasta $500 millones de pesos.
De los casi $344 millones de pesos de quebranto al erario público, al menos $221 millones de pesos provienen de origen estatal, mientras que $122 millones obedecen al ámbito federal.
En la rueda de prensa, Saldaña Magaña sostuvo que las irregularidades detectadas no se trataban de fallas menores, “no son errores administrativos; son inconsistencias que muestran un patrón de conducta”.
Sobre el modo de contratación, expuso en la conferencia que “durante los ejercicios fiscales de 2017 y 2018 se celebraron contratos de servicios en hospitales de Tamaulipas con empresas ligadas a los Carmona, pero los pagos se realizaron sin cumplir requisitos de licitación”.
El presunto quebranto asciende a $343,966,000, integrado por $221 millones de origen estatal y $122 millones de recursos federales canalizados mediante los contratos con Permart y Joser, de acuerdo con el desglose difundido.
¿Quiénes son los hermanos Carmona?
Los hermanos Sergio y Julio Carmona Angulo han sido mencionados en notas periodísticas por su participación empresarial y vínculos políticos.
Sergio Carmona Angulo fue asesinado el 22 de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León, un hecho confirmado por la Fiscalía del estado.
Diversas investigaciones periodísticas refieren que Permart y Joser recibieron flujos millonarios de contratos públicos entre 2017 y 2019, según documentos consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia. (SinEmbargo: “Las empresas Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser […] recibieron depósitos por al menos de 335 millones 828 mil 854 pesos entre 2017 y 2019”).
Existen además contratos públicos localizados en repositorios que muestran convenios de Servicios de Salud de Tamaulipas con Grupo Industrial Permart en 2018, útiles como antecedente documental del modelo de contratación de mantenimiento.
¿Cómo operaba el esquema?
De acuerdo con lo expuesto en la rueda de prensa, faltaron invitaciones a otros proveedores, cotizaciones de respaldo y, en algunos casos, facturas. También se reportaron adjudicaciones directas sin justificar y la inexistencia de expedientes en el Comité de Compras.
En la misma línea, la cobertura periodística consignó esta frase sobre la asociación entre funcionarios y empresas: “El esquema fue claro: exfuncionarios y empresas se asociaron para desviar recursos públicos. Se pactaron contratos por 500 millones, de los cuales 157 millones nunca se pagaron y hasta hoy no hay evidencia de dónde quedaron”.
Las 14 denuncias penales fueron ingresadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Tamaulipas, como parte de un total de 70 expedientes abiertos por la Secretaría de Salud.
El caso pone bajo la lupa la trazabilidad del gasto en mantenimiento hospitalario y la calidad de los procedimientos de compra en el sexenio señalado. La existencia de contratos localizados en fuentes abiertas y el registro de flujos multimillonarios a Permart y Joser ofrece pistas verificables para el seguimiento judicial y periodístico. Al mismo tiempo, la mención nominal de exservidores públicos permite centrar responsabilidades administrativas y penales, en caso de configurarse los delitos.
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