El Congreso del Estado rechazó 41 cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2021 de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca y de diversos organismos municipales y estatales, tras dictámenes negativos emitidos por la Diputación Permanente con base en los informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La decisión ocurre luego de que, apenas la semana pasada, el auditor superior Francisco Noriega Orozco informó que el 90% de las 44 cuentas públicas reabiertas mostraban irregularidades graves, lo que encendió la ruta para que los legisladores locales iniciaran el proceso de rechazo.
Entre los organismos observados se encuentran el Conalep, Colegio de Bachilleres, Comisión Estatal del Agua, Instituto de la Mujer, Instituto del Deporte, Instituto de Cultura, ITACE, ITIFE, Instituto de Vivienda y Urbanización, Comisión de Parques y Biodiversidad, Tam Energía Alianza y la Administración Portuaria Integral del Estado (API).
La medida también alcanza a instituciones de educación superior, como la Universidad de Seguridad y Justicia, la Politécnica de Altamira y las Universidades Tecnológicas de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Tamaulipas Norte. En el ámbito municipal, aparecen señalados los ayuntamientos de Aldama, Tula, Miquihuana, Ocampo y Llera, además de las Comapas de Abasolo, Padilla, González, San Fernando y Valle Hermoso, así como la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros.
El pleno del Congreso votará este martes 26 de agosto las resoluciones, en una sesión extraordinaria convocada expresamente para desahogar los dictámenes.
La revisión de las cuentas públicas del cabecismo se da en medio de la confrontación política. Desde la llegada de Américo Villarreal Anaya al gobierno estatal, de extracción morenista, la administración panista de Francisco García Cabeza de Vaca ha sido objeto de múltiples investigaciones y acusaciones por presunto desvío de recursos y corrupción, lo que ha sido calificado por el exgobernador y sus aliados como una “persecución política”.
En Tamaulipas, el caso de Cabeza de Vaca ha tenido un eco mayor porque el panista aún es una figura con peso en la oposición y mantiene actividad política pese a enfrentar órdenes de aprehensión y procesos judiciales.
El rechazo de estas 41 cuentas públicas implica que las entidades y organismos involucrados deberán subsanar observaciones, enfrentar procesos administrativos e incluso abrir la puerta a denuncias penales si se confirma la existencia de daño patrimonial al Estado.
Mientras Morena insiste en la necesidad de rendición de cuentas, el PAN ha denunciado que se trata de una estrategia para inhabilitar políticamente a Cabeza de Vaca y a su grupo, debilitando cualquier intento de regreso en las elecciones locales y federales de 2027.
El desenlace de la votación en el pleno marcará un nuevo capítulo en la pugna política que ha mantenido dividida a Tamaulipas desde la salida del cabecismo del poder en 2022.
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