La noche del viernes se tornó en indignación colectiva cuando un comerciante y decenas de ciudadanos enfrentaron a un convoy del Ejército Mexicano que, según su denuncia, había despojado de 50 mil pesos, mil dólares y teléfonos celulares a tres jóvenes durante una revisión de rutina y los obligaron a regresarlos.
Según la versión difundida en vivo por Facebook por el comerciante Miguel Ríos García, su hijo, un empleado menor de edad y otro trabajador fueron interceptados, golpeados y robados por presuntos elementos del 16.º Regimiento de Caballería Motorizada de la Sedena.
Ríos García emprendió una persecución de más de tres horas en contra de un camión blindado y dos patrullas oficiales (folios 0916339 y 0916549), transmitiendo en tiempo real mientras los siguió por diferentes sectores de la ciudad.
Según testigos, los militares circularon en sentido contrario, brincaron camellones y provocaron varios choques, incluso contra el vehículo del denunciante.
En el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, una multitud de ciudadanos, alertados por la transmisión viral, bloqueó el paso de las unidades. En ese momento, el oficial al mando admitió haber realizado la revisión, aunque negó el robo, entregó mil dólares y dos mil pesos, comprometiéndose a regresar el resto del dinero.
Después del bloqueo, arribó el comandante del regimiento, coronel David González Carrasco, quien negoció dentro del vehículo con Ríos, prometiendo cubrir los daños causados y completar la devolución del dinero faltante.
Testigos describieron que el militar estaba visiblemente afectado tras consumir alcohol, lo que fue denunciado por los testigos. González se negó a firmar acuerdos o documentos oficiales que respaldaran su promesa.
El abogado de la familia, Roberto Puente, informó que se presentará una denuncia formal por robo, abuso de autoridad y daños.
“Aunque me arreglen la troca y me entreguen lo prometido, la denuncia sigue; esto no es de hoy, es un patrón constante de abusos”, sentenció el comerciante Miguel Ríos García.
El caso evidencia un patrón de confrontación entre civiles y fuerzas castrenses en la región, donde se han registrado múltiples denuncias por abusos y desconfianza hacia el uso de autoridad. Hasta el cierre de esta edición, la Sedena no ha emitido postura oficial sobre los hechos.
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