Comerciantes y empresarios en Tamaulipas reportan un crecimiento alarmante del 148% en la extorsión con cobros de piso y amenazas, mientras las autoridades estatales admiten que no fueron incluidas en la estrategia federal prioritaria contra el delito.
El incremento de extorsiones ocurre en un contexto donde más del 96% de los casos no son denunciados, y entidades como Coparmex y Anpec exigen una Ley General de Extorsión que agilice procesos, homologue sanciones y garantice protección real.
Aunque Tamaulipas no forma parte de los ocho estados seleccionados por el gobierno federal para la estrategia contra la extorsión, autoridades locales aseguran que mantienen vigilancia digital y presencial desde el 15 de julio.
Mientras el Estado de México, Guanajuato y la Ciudad de México concentran el mayor número de víctimas, Tamaulipas registra un aumento de 148% en extorsiones en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año pasado.
A nivel nacional se registraron 5,887 víctimas de extorsión en ese semestre, la cifra más alta hasta la fecha.
Ante el crecimiento de denuncias de extorsión en comercios y negocios de la entidad, el gobernador Américo Villarreal Anaya ordenó iniciar investigaciones precisas, especialmente en ferreterías y tiendas de materiales en Matamoros, al identificar casos persistentes de “cobro de piso”.
“Nos hacen ver que ha habido algunas denuncias sobre hechos de extorsión y sobre eso estamos trabajando y aplicándonos, para buscar en mesas de trabajo cuáles son esos puntos, qué tipo de productos o circunstancias o negocios están siendo sujetos de este tipo de delitos y que también estamos muy atentos de las disposiciones que se han dado a nivel federal”, manifestó Américo Villarreal, tras la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
El secretario ejecutivo del SESNSP en la entidad señala que, si bien la incidencia no es de las más elevadas, aun así se trabaja coordinadamente con dependencias federales para atender denuncias y protocolos locales.
Según datos de la ANPEC, los pequeños empresarios en Tamaulipas pagan montos mensuales promedio de 2,500 pesos por extorsión. El costo total para las empresas por revictimización ha alcanzado 26 mil millones de pesos en 2023 a nivel nacional, con un promedio de casi 7 mil pesos por víctima.
Por su parte, la ENVE del INEGI revela que los empresarios de Tamaulipas invirtieron 1,200 millones de pesos en medidas de seguridad privada en 2024, por encima de las pérdidas por delitos reportadas. Las extorsiones, robo y asaltos a transporte de mercancías son los delitos más mencionados. Se estima que el 90 % de esos hechos no se denuncian.
Uno de los casos más graves se registró en Reynosa, donde al menos 17 empresas de servicio de comedores industriales fueron obligadas a pagar cuotas de hasta 3.5 millones de pesos para evitar amenazas. La situación ha generado el cierre de establecimientos y grandes riesgos para sus trabajadores.
Otro caso denunciado por Fecanaco afirma que autoridades federales en Tampico y Altamira clausuraron negocios bajo sospecha de piratería y exigieron hasta 500 mil pesos para reabrirlos, un acto calificado de extorsión institucional.
El 96.4 % de los delitos no se denuncian en Tamaulipas, situando al Estado en el tercer lugar nacional en cifra negra. Sólo 3.6 de cada 100 delitos provocan carpeta de investigación.
México Evalúa señala que la impunidad por extorsión alcanzó emisiones del 98.36 %, al alza respecto al 96.4 % del año anterior.
Los principales motivos son la desconfianza institucional, temor a represalias, procesos burocráticos largos y la baja expectativa de resultado al denunciar.
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