En medio de señalamientos por posibles irregularidades en el manejo de recursos federales, el delegado regional –responsable de representar a una dependencia federal en Tamaulipas– hizo un llamado público a no atribuir las fallas a su gestión, sino a la Secretaría correspondiente a nivel central.
“No es justo cargarle a esta oficina si los lineamientos, presupuesto y autorizaciones vienen desde la Federación. Aquí sólo aplicamos lo que nos mandan arriba”, declaró el funcionario durante una entrevista.
Con ello, el delegado se desmarcó de la responsabilidad directa y sugirió que cualquier investigación debe centrarse en los altos mandos federal.
Tamaulipas ha recibido en los últimos dos años más de 5,000 millones de pesos en recursos y programas federales, conforme a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las anteriores auditorías del Órgano Interno de Control (OIC) detectaron demoras en la aprobación de proyectos y falta de documentación en el 17 % de los expedientes revisados en 2024.
En contextos similares en otros estados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha encontrado vacíos normativos y omisiones en la supervisión.
El deslinde del delegado coincide con una inspección abierta por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que busca determinar si hubo desvíos o uso indebido de recursos públicos.
El área jurídica del delegado declaró que colaborará con cualquier indagación, insistiendo en que los procesos de autorización y supervisión corresponden a instancias federales.
Diputados locales del PRI exigieron claridad y solicitaron una comparecencia del delegado ante el Congreso del Estado, argumentando que “la responsabilidad política no puede trasladarse hacia arriba”.
Organizaciones civiles, como Transparencia Tamaulipas, alertaron, “evitar rendir cuentas locales socava la percepción pública. Se debe garantizar transparencia desde todas las instancias, no sólo del centro.”
Aún no se acusa formalmente al delegado, pero el proceso de investigación sigue su curso. Se espera que en las próximas semanas acudan auditores de la ASF y del OIC para verificar el cumplimiento normativo, así como que el funcionario comparezca ante la Fiscalía o el Congreso Local.
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