El Congreso estatal de Tamaulipas dio entrada este martes a una reforma que extingue la Contraloría Gubernamental, así como las atribuciones del Instituto de Transparencia (ITAIT) y las de los órganos internos de control, para dar paso a una nueva figura: la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
De concretarse, esta dependencia asumirá amplias facultades, entre ellas, coordinar el sistema de control interno en toda la Administración Pública estatal; inspeccionar el ejercicio del gasto público, evaluando su congruencia con los presupuestos; promover auditorías internas, externas, electrónicas y de desempeño; supervisar la gestión de transparencia, acceso a información y protección de datos personales; designar o remover consultores, auditores externos, comisarios y titulares de órganos internos de control.
Asimismo, se plantea crear un órgano desconcentrado llamado “Transparencia Para el Pueblo de Tamaulipas”, encargado de atender asuntos de acceso a la información, mientras se mantienen los nombramientos realizados desde octubre de 2022.
La propuesta cuenta con el respaldo de los grupos legislativos de Morena, PT y Partido Verde, cuya argumentación enfatiza la necesidad de un enfoque preventivo frente a la corrupción.
A nivel federal, la creación de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno ya fue implementada por la administración de Claudia Sheinbaum a fines de 2024. En el ámbito nacional, funciones similares fueron asumidas tras la reciente desaparición del INAI.
Aunque el diseño jurídico propone un mecanismo integral, expertos en transparencia y contraloría muestran cautela frente a varios riesgos:
Concentración excesiva de facultades: la fusión de control interno y transparencia en una sola entidad podría debilitar los contrapesos tradicionales.
Dependencia del Ejecutivo: la designación de titulares para comisarios y auditorías externas podría sujetarse a intereses políticos locales.
Capacidad operativa: la nueva Secretaría deberá integrar personal del ITAIIT y de la Contraloría sin desatender funciones esenciales.
En el ámbito federal, la reciente conformación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno implicó un cambio de enfoque:
“Buscamos cerrar la puerta a la corrupción definitivamente y combatir la impunidad; además, un gobierno íntegro, más eficiente y cada vez más cercano a la ciudadanía”, señaló el gobierno federal al anunciar la reforma.
A nivel nacional, la Secretaría ha absorbido funciones de la extinta Secretaría de la Función Pública y ahora también protege datos personales tras la desaparición del INAI en marzo de 2025.
La reforma facultará al gobernador de Tamaulipas a emitir el decreto correspondiente una vez aprobada, dando a la administración estatal un plazo de 90 días para ajustar reglamentos y normas internas, incluyendo los del órgano Propsupuesto “Transparencia Para el Pueblo de Tamaulipas”.
La iniciativa para crear la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en Tamaulipas representa un avance institucional importante con miras a fortalecer la fiscalización y la transparencia. Sin embargo, su éxito dependerá de cómo se implementen los controles institucionales, se garantice independencia frente al Ejecutivo y se fortalezca su operación en el mediano y largo plazo.
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