Comerciantes de Tamaulipas ha iniciado una ola de amparos legales contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por operativos de revisión acompañados por elementos de la Guardia Nacional, los cuales han derivado en cortes de energía, multas y cobros calificados como excesivos por parte de empresarios.
Tan solo en Matamoros, Abraham Rodríguez Padrón, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (FECANACO) en Tamaulipas, reveló que se han promovido 600 amparos.
En total, la cifra supera los 800 recursos legales interpuestos con apoyo de despachos jurídicos, muchos de ellos gestionados a través de las propias Cámaras de Comercio locales.
“Hay comerciantes que no han incurrido en ninguna irregularidad, y aun así reciben cobros excesivos”, explicó Rodríguez Padrón a medios de comunicación en entrevista.
El empresario dijo que explicó que estas sanciones se basan en revisiones técnicas que detectan supuestas manipulaciones del suministro o del medidor, y que, por ello, la CFE cobra el consumo no registrado.
Desde principios de 2024, la CFE intensificó sus operativos de revisión técnica en comercios de ciudades fronterizas como Matamoros, Reynosa, Miguel Alemán, San Fernando y Valle Hermoso, como parte de una estrategia federal para combatir el robo de energía eléctrica y detectar irregularidades en medidores.
Los operativos suelen realizarse de forma sorpresiva, y en muchos casos con el respaldo de la Guardia Nacional, lo que ha generado molestia entre el sector empresarial y comerciantes por la falta de mecanismos conciliatorios antes de proceder con cortes inmediatos y multas cuantiosas.
De acuerdo con Rodríguez Padrón, los amparos buscan proteger a los negocios de posibles abusos administrativos por parte de la paraestatal. En algunos casos, los jueces han determinado la reconexión inmediata del servicio eléctrico, bajo el argumento de que la interrupción afecta la actividad económica, el empleo y el derecho al debido proceso.
Esta situación se da en un contexto de creciente tensión entre el sector productivo de Tamaulipas y las autoridades federales, particularmente tras la implementación de medidas estrictas contra el llamado “huachicoleo eléctrico”, un fenómeno que, si bien existe en el estado, no ha sido debidamente separado de las revisiones que afectan a negocios sin historial de irregularidades.
Además, empresarios locales han advertido que los altos costos de reconexión y sanciones sin previa audiencia violan principios básicos de legalidad y proporcionalidad. Por ello, han optado por la vía judicial como única herramienta de defensa, ante lo que consideran una campaña masiva sin distinciones entre comercios responsables y usuarios con prácticas indebidas.
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