La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción confirmó la existencia de una denuncia formal en contra de Lucía Aimé Castillo Pastor, exsecretaria de Educación de Tamaulipas, por presunta retención de salario y posible peculado. El caso fue presentado por el maestro Geovanni Vladimir Chávez Soto, quien asegura haber figurado como trabajador activo desde 2017 sin haber recibido salario alguno en más de siete años.
De acuerdo con el fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco, la denuncia también involucra a Gerardo Rodríguez Salazar, actual funcionario de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), señalando que los presuntos delitos habrían iniciado durante la administración anterior pero continuado bajo la actual gestión, lo que complica aún más el análisis jurídico del caso.
“Es un caso muy curioso y atípico. El denunciante afirma que ha estado en nómina sin percibir sueldo desde 2018. Ya comenzamos a recabar la información”, declaró Govea Orozco en entrevista.
El Fiscal aclaró que, hasta el momento, la denuncia no ha sido desestimada y que ya se solicitó a la SET información preliminar, como registros de nómina, comprobantes de pago y documentación sindical. La Fiscalía también analizará si el expediente tiene implicaciones estrictamente administrativas o si existen elementos que configuren delitos penales como peculado o abuso de funciones.
Un caso con antecedentes opacos en la SET
Lucía Aimé Castillo estuvo al frente de la Secretaría de Educación durante los primeros años del sexenio de Américo Villarreal Anaya. Su gestión fue señalada en diversas ocasiones por irregularidades administrativas, incluyendo rezagos en pagos a docentes, contrataciones cuestionables y conflictos con secciones sindicales.
La SET, durante su mandato, enfrentó al menos dos observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por inconsistencias en el manejo de recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), lo que ya había puesto en entredicho la administración del personal educativo.
La Fiscalía detalló que el expediente no tiene un plazo fijo para resolverse, debido a la abundancia de información presentada por el maestro denunciante y la complejidad administrativa del caso, que incluye registros de varias administraciones, cambios de jefaturas, y posible colusión sindical.
“La investigación se desarrollará con objetividad. No descartamos ninguna hipótesis. Podría tratarse de una omisión administrativa grave, o de un mecanismo deliberado de desvío de recursos”, agregó Govea.
Mientras tanto, la SET continúa colaborando con la entrega de documentos y se prevé que en las próximas semanas se cite a posibles testigos y exfuncionarios para deslindar responsabilidades.
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