La Presidenta Claudia Sheinbaum y la nueva secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, defendieron la estrategia de entrega directa de apoyos sociales, e incluso la mandataria aseguró que con el programa La Escuela es Nuestra no se han registrado fallas.
Pero reportes periodísticos y oficiales han señalado irregularidades en la operación de diversos programas sociales, entre los que se aplican entregan directas desde el sexenio anterior, tales como falta de información sobre su padrón de beneficiarios; ausencia de justificación para no entregar la totalidad de los apoyos, y la inclusión de servidores públicos en estos programas.
“Es una manera más eficiente, no ha habido problemas, no hay corrupción y la ciudadanía decide directamente cómo administra estos recursos”, dijo Sheinbaum en la conferencia matutina del 24 de octubre, sobre La Escuela es Nuestra.
“Entre las estrategias que se hicieron, de las primeras estrategias que se utilizaron para ir abatiendo la corrupción fue la entrega directa de los recursos de los apoyos sociales”, dijo Buenrostro el 17 de octubre, también en Palacio Nacional.
En el caso de La Escuela es Nuestra, Animal Político documentó las acusaciones de beneficiarios contra servidores de la nación de robarse el dinero destinado para mejorar las escuelas, además de haber sido amenazados e intimidados para entregar los recursos públicos.
“Los servidores de la nación que no son licenciados, que no son absolutamente nada, son los que se meten y te echan a la gente encima (…) en el pueblo dicen que yo me quedé con el dinero y la servidora de la nación me dijo que me iba a echar hasta a los de la plaza (grupos de la delincuencia organizada), yo tengo todo grabado”, detalló Claudia, tesorera de un comité de padres de familia en Guadalajara, Jalisco.
En este caso, la Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió 606 denuncias por el mal manejo de recursos del programa La Escuela Es Nuestra, sin que se haya sancionado a ningún servidor público.
Aunque el gobierno de López Obrador priorizó la entrega de apoyos directos a los comités de escuelas, los servidores de la nación se adjudicaron responsabilidades que no les correspondían, lo que se tradujo no solo en el mal uso de los recursos públicos de este programa social, sino también, en la fractura de comunidades escolares y hasta de las comunidades.
Además, La Escuela Es Nuestra se ha caracterizado por ser un programa carente de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, sin evidencia detallada sobre cómo se usaron 89 mil millones de pesos que se invirtieron durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Se ha repetido que disminuyó la corrupción en programas sociales, pero no existe la evidencia concreta de esto. Se han mantenido irregularidades”, mencionó Natalia Campos, Coordinadora de Gobierno del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en entrevista con El Sabueso de Animal Político.
“Un análisis necesario sería ver en qué van estas denuncias contra servidores de la nación, como terminaron las investigaciones que llegaron a la Función Pública y si se establecieron los mecanismos para evitar que se repitan estos hechos”, agregó.
Riesgos de corrupción en programas sociales
En 2022, la auditoría 2022-0-20100-19-0251-2023 sobre la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente documentó que 8 mil 762 personas fallecidas no fueron dadas de baja en el padrón de beneficiarios, por lo que continuaron las transferencias.
Además, el sistema informático del registro y control de los beneficiarios del programa no advirtió si los beneficiarios incumplen con los requisitos de CURP y edad señalados en las Reglas de Operación del programa.
En ese año, la ASF reportó que al menos 242 funcionarios estaban inscritos al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” y cobraron la beca por un monto total de 5 millones 110 mil pesos.
El documento también señala que la dependencia no reportó al Banco del Bienestar que perdió 355 tarjetas bancarias para que fueran canceladas y no se hiciera mal uso de los recursos, además de que no gestionaron la desvinculación de los beneficiarios del programa de las cuentas bancarias de 5 mil 491 tarjetas no entregadas.
En cuanto al programa jóvenes construyendo el Futuro, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados en la nota informativa Alcances del programa jóvenes construyendo el futuro 2019 – 2022, concluyó: “La pregunta que queda por responder es: qué porcentaje de la población que se ha capacitado a través del programa pudo efectivamente incorporarse a un trabajo formal, es decir, si se logró la inclusión laboral y, por tanto, social reduciendo su fenómeno de marginación”.
Otro ejemplo fue que, en 2022, la ASF reportó que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) otorgó apoyos por medio del programa Bienpesca al 56.7% de las solicitudes recibidas sin que la Comisión justificara la falta de apoyos a la totalidad de solicitudes.
Asimismo, detalló que el 76.8% de los apoyos otorgados en 2022 no fueron debidamente documentados.
Por otro lado, se ha señalado el uso de programas sociales con fines electorales, donde los servidores de la Secretaría de Bienestar recordaron que estos apoyos fueron creados por el ex presidente López Obrador.
“Las transferencias monetarias ayudan a promover la equidad y a evitar que la pobreza en los hogares más pobres se profundice y se mantenga en el tiempo. Por esta razón, el diseño, implementación y evaluación de los programas sociales requiere asegurar la mayor rigurosidad posible”, señaló el IMCO.
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, explicó que los programas sociales están diseñados para ser identificados con el presidente.
“Desde los primeros años, con la construcción de padrones que llamaron ‘Censo del Bienestar’ y una estructura a nivel operativo que llamaron ‘Servidores de la Nación’ que venía de la defensa del voto de Morena, o sea, pasaron la estructura del partido a la Secretaría del Bienestar, le pusieron el color del partido a sus chalecos, al inicio hasta el nombre del presidente, y empezaron con el discurso de que les mandaba una transferencia”.
Otro caso de irregularidades se dieron con el gobierno veracruzano de Cuitláhuac García.
Entre 2020 y 2023, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, el Instituto de Espacios Educativos, el DIF estatal, la Secretaría de Salud y hasta la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz entregaron al menos 439 millones de pesos a cuatro empresas creadas poco antes de recibir los contratos y cuyos propietarios son, en realidad, beneficiarios de programas sociales, y también a siete jóvenes que supuestamente contrataron, aun cuando tienen entre 20 y 28 años de edad y también son beneficiarios.
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* Esta nota fue realizada por Oscar Nogueda Romero de Animal Político, medio aliado de Elefante Blanco. Aquí puedes consultar la publicación original.
