México ya despliega más militares que policías en seguridad pública

Ruta Crítica

Opinión por Ernesto López Portillo

Un nuevo hallazgo del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Ibero CDMX confirma, con base en información oficial, que el total desplegado operativo de efectivos militares para la seguridad pública en 2023 supera al total de policías estatales y municipales. La noticia no tiene precedentes en el México contemporáneo.

Como se aprecia en el gráfico y la tabla, el total desplegado operativo de efectivos militares para la seguridad pública ya asciende a 261,644, mientras las policías estatales y municipales suman 251,760 (las cifras del despliegue de las Fuerzas Armadas (FFAA) en 2023 parecen incluir personal involucrado en “actividades diversas en apoyo a las operaciones”, que antes se clasificaron por separado). Es decir, en este año el gobierno federal considera que toda la fuerza operativa de las FFAA está desplegada en operaciones de seguridad.

Gráfica: personal militar desplegado en actividades de la seguridad pública y estado de fuerza operativa de las policías estatales y municipales. Fuentes: Solicitudes de acceso a la información: Guardia Nacional 2800100042720 y 2800100004521, Informe anual de actividades 2022; SEDENA 0000700116321 y 330026423000879; SEMAR 00001300080321; SESNSP 330027622000089. Gobierno de México: Informe Anual de Seguridad 2020, Informe Mensual de Seguridad Diciembre 2021, e Informe de Seguridad Agosto 2023.

Nuestro país vive 5 tendencias superpuestas de militarización: la primera es la directa, que equivale al despliegue de militares en tareas internas; la segunda se llama indirecta, la cual ocurre cuando las instituciones civiles adquieren características y lógicas propias de las instituciones militares; la tercera tendencia consiste en cambios estructurales dentro de las filas militares para adaptarse a la prolongación de tareas diferentes a su misión original de seguridad exterior; la cuarta es la acumulación de poder estructural mostrado en la influencia política para reformas, funcionando como como actor hegemónico en la seguridad, y la quinta es la llegada de México a un gobierno militarista que celebra las cualidades superiores de las instituciones castrenses y las coloca por encima de las civiles.

Todas las tendencias son fácilmente verificables ya que la evidencia es abrumadora; pero las novedades no cesan en la medida que, como lo dijimos hace años, estamos ante lo que parece ser un ciclo incontenible.

El sistema de monitoreo permanente de la militarización y el militarismo del PSC ha creado un repositorio donde, desde 2018, venimos agregando material diverso de consulta. Nuestro más reciente lanzamiento fue el mapa interactivo de enfrentamientos de la Sedena 2007-2022 que, entre muchos otros hallazgos, confirma en promedio un enfrentamiento armado al día entre miembros del ejército y personas civiles en los 15 años de la llamada “guerra contra las drogas”, a la vez que enseña la multiplicación exponencial del número  de civiles muertos en comparación con lo heridos, en algunas partes del país.

Queremos reiterar la confirmación de las 5 tendencias mencionadas, desde la militarización directa hasta el militarismo. Se corrobora que el Estado mexicano viene entregando a los militares cada vez más amplios márgenes de atribuciones, recursos, influencia y presencia territorial, haciéndose el gobierno civil a un lado en múltiples funciones tanto formalmente como de facto.

Dijimos antes que este camino comprometía el Estado constitucional y democrático de derechos; ahora, a la luz de un sexenio que termina con un presidente que sigue negando la militarización y el militarismo, calificando el asunto como una agenda de “opositores”, lo que nos preguntamos ahora es si este impulso de los civiles para desocupar funciones y de los militares para ocuparlas ha terminado por trastocar de manera irreversible la subordinación de los segundos.

Siendo más precisos, ¿el poder de veto militar compromete ya el margen de decisión superior de la presidencia actual y la siguiente?

Colaboró Samuel Storr, responsable de la construcción de datos producidos desde el sistema de monitoreo referido.

Ernesto López Portillo Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos.