Redacción EB
Este miércoles termina la última etapa del juicio contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, en Estados Unidos.
La jueza de la Corte del Sur de Texas, Hilda G. Tagle, dictará una sentencia que se estima sea máximo por 11 años de de cárcel. La baja pena es producto del pacto judicial por el que Yarrington se declaró culpable solamente por 1 de los 11 delitos, a cambio de entregar millones de dólares, propiedades e información.
La policía italiana detuvo al exgobernador tamaulipas el 9 de abril de 2017, al terminar de cenar con un hombre polaco en un restaurante del centro de Florencia. Él intentó engañar a los agentes mostrando una credencial de conducir con un nombre falso.
El político priista resistió a la extradición en el tribunal italiano. Sin embargo, en abril de 2018 fue llevado a Estados Unidos para enfrentar 11 cargos. Dichas acusaciones fueron presentadas en mayo de 2013 en la causa penal B-12-435-S1, informó el procurador federal para el sureste de Texas, Ryan K. Patrick.
En el caso de Yarrington también se acusa a Fernando Alejandro Cano Martínez, de 61 años, propietario de la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, quien se asoció con el priista. Ambos fueron acusados de lavar dinero, defraudar y conspirar para hacer declaraciones falsas a bancos estadounidenses.
El centro del caso contra Yarrington fue el narcotráfico, cargo que se vincula con posible fraude bancario y transacciones ilegales de dinero obtenido por sobornos de los principales narcotraficantes que operaban en Tamaulipas. A cambio, supuestamente, Yarrington permitió que operaran libremente.
Según la acusación formal, de 2007 a 2009, el político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presuntamente participó en el contrabando de grandes cantidades de cocaína a través del puerto de Veracruz hacia los Estados Unidos.
Los documentos acusatorios de la Corte Federal del Distrito Sur precisan que el exmandatario de Tamaulipas lavó millones de dólares comprando propiedades en Texas, a través de cómplices entre los que destacan los empresarios Napoleón Rodríguez y Fernando Cano y una mujer de nombre Sindy Chapa.
Acuerdo inmejorable
En una audiencia de media hora en Houston realizada en marzo de 2021, el exgobernador de Tamaulipas se declaró culpable del conspiración para lavado de dinero. El gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo de culpabilidad y desestimó cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión, fraude bancario, entre otros.
Yarrington Ruvalcaba aceptó que recibió más de 3,500,000 de dólares en sobornos de parte de personas particulares y de compañías privadas en México a cambio de facilitar negocios durante su mandato de 1999 a 2005. El exgobernador dijo que con el dinero compró propiedades territorio estadounidense, a través de prestanombres con el objetivo de ocultar el patrimonio y el origen ilícito del dinero.
Estados Unidos y Yarrington firmaron un acuerdo de culpabilidad, donde el político priista reconoce la responsabilidad, permite que el cargo de sentencia sea lavado de dinero y se compromete a no apelar su sentencia. Cabe la posibilidad de que se le retire la visa para ingresar, tras su libertad, de manera legal a Estados Unidos.
Yarrington Ruvalcaba enfrentaba 11 cargos, de los cuales 10 se desestimaron vía el acuerdo. El gobierno “perdonó” los delitos de conspiración RICO; conspiración a la importación de cocaína y marihuana; conspiración a lavado de instrumentos monetarios; proveer declaraciones falsas a instituciones bancarias; conspiración a cometer fraude bancario; fraude bancario y conspiración a no reportar transacciones.
La jueza de la Corte del Sur de Texas, Hilda G. Tagle, indicó que el exmandatario tendrá confiscada su propiedad de Puerto Isabel o que podría pagar una multa de hasta 500,000 dólares. Igualmente, planteó la libertad supervisada de tres años tras su sentencia de cárcel y pagar una tarifa.
El abogado de Yarrington, Chris Flood, dijo que la sentencia muestra que el político no tuvo ningún vínculo con el Cártel del Golfo, de acuerdo con los delitos imputados que fueron motivo de la resolución.
Dentro del acuerdo judicial se autorizó poner candado al expediente y al juicio contra el exgobernador de Tamaulipas. La decisión impedirá conocer cualquier dato del proceso; esta es una acción similar a la realizada en el caso contra el capo Osiel Cárdenas Guillén.
