“¿Para qué queremos Ejército?”

Crédito: Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro

Alejandro Ruiz / Pie de página

El proyecto de decreto ha sido aprobado por la Cámara de diputados y el pase de la Guardia Nacional al mando de la Sedena parece ser un hecho. Sin embargo, en el debate público aún quedan muchas aristas por abordar. 

En un país que ha vivido la presencia el Ejército en la vida pública; azotado muchas veces por la violencia que generan los grupos criminales, y también por las violaciones a los derechos humanos en las que han incurrido los militares, advertir los riesgos de esta acción no es un asunto menor, que tampoco debe tomarse a la ligera. 

En un Estado de Derecho, la Constitución es el entramado legal que permite poner límites a las decisiones gubernamentales. Así es que, en el debate sobre la Guardia Nacional, mucho se ha hablado sobre su transgresión por parte del ejecutivo federal. 

Pero ¿es esto real? ¿Qué implica el proyecto de decreto presidencial? Y, de manera más concreta, ¿está la seguridad pública separada de lo militar? ¿Es el proyecto del presidente un esfuerzo para desmilitarizar a las fuerzas armadas? 

Para responder a estas interrogantes dialogamos con el abogado constitucionalista Federico Anaya, quien repasando la historia de las fuerzas de seguridad en el país, y su relación con la Constitución, aborda la complejidad de esta discusión. 

“No necesariamente es inconstitucional lo que está promoviendo el presidente, lo que requiere es que reconceptualicemos las funciones civiles y las funciones militares. Si no discutimos con detalle las cosas, no vamos a salir adelante”. 

La ficción de lo militar 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, las fuerzas armadas tienen cinco misiones fundamentales: defender la independencia y soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y prestar ayuda en casos de desastre para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Anaya inicia su análisis a partir de reflexionar estas funciones. Particularmente recuerda un episodio al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde estableció en su plan nacional de seguridad pública que “las fuerzas armadas tradicionales no sirven para hacer la guerra internacional. Primero porque México no tiene potenciales enemigos, el único país con el que podríamos tener una guerra es con Estados Unidos, y si tenemos una guerra con Estados Unidos las fuerzas armadas no sirven para nada”.

Esto, añade el abogado, pone en entredicho la necesidad de tener un Ejército en México. Otro argumento que refuerza la opinión de Federico está en la serie de convenios internacionales y reformas a la Constitución que impiden a los militares atender cuestiones de la seguridad interior y el orden político. 

“La segunda tarea del Ejército, que es mantener el orden interior, también está separada de los militares. Andrés Manuel dijo que no se iba a usar al Ejército para mantener el orden político, que para eso está la institución democrática”.  

Como ejemplo de esto Federico hace un repaso histórico y pone como analogía el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza De Vaca, quien junto al congreso de ese estado entablaron un conflicto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación; esto, tras una contradicción entre las autoridades estatales y federales. 

“En realidad, en el siglo XIX, ese conflicto hubiera terminado en una guerra civil, o sea, imagínate a la Guardia Nacional tamaulipeca defendiendo a su gobernador de las fuerzas federales que están tratando de arrestarlo, eso es lo que hubiera pasado con ese conflicto en el siglo XIX, pero no, ahorita tenemos a la Corte y todo mundo litiga, ahí se desahogó el conflicto”. 

Aunado a ello, Federico da otro argumento para cuestionar la necesidad de los militares en el país y repensar las intenciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

“¿Para qué quieres Ejército? ¿Para qué quieres Marina? Solamente sirven para el DN-3, que es apoyar en casos de desastres naturales, y eso en todo el mundo se llama protección civil. Entonces, ¿qué pasó con los militares? Lo militar ya no existe, eso es una cosa que está muy clara en Andrés Manuel”.

Para el abogado, lo que ha hecho este gobierno es una política pragmática respecto a las fuerzas armadas, ocupando su estado de fuerza en tareas de construcción de obras públicas, atención a las jornadas de vacunación, y otras tareas que los mantienen ocupados. 

Esta visión presidencial, puntualiza Federico Anaya, ha encontrado resistencia por parte de los mandos militares. De ahí el origen de la Guardia Nacional, y su función como una fuerza intermedia que pueda hacer frente a los problemas de seguridad pública. 

“Tú tienes resistencias, el mismo presidente ha dicho que por él no habría Ejército ni Marina de guerra, habría solo Guardia Nacional. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Para qué quieres Guardia Nacional?, porque, dice el presidente, es una tontería tener 300 mil personas entrenadas en cuarteles que no hagan nada mientras tienes una crisis de seguridad pública”.

El decreto y los pendientes 

Aunque no se ha reformado la Constitución, la aprobación de la Cámara de diputados para modificar algunas disposiciones legales que le otorgan el mando de la Guardia Nacional a la Sedena ha encendido las alertas de la sociedad civil, que convocan a una manifestación este 6 de septiembre.

Federico reflexiona sobre este decreto. Y explica que, aunque el debate sobre la militarización está plagado de filias y fobias, en realidad hay cosas que no quedan claras.

“El presidente no nos termina de explicar, y ahí tendríamos que preguntarnos por qué. Y responde que, uno de esos motivos podría residir en que inclusive dentro del mismo gabinete ampliado del gobierno federal aún no exista un consenso al respecto.

“Yo creo que por eso no tenemos ningún decreto o algún acuerdo, se está discutiendo, y esto no es una señal de caos, sino de democracia. Los gabinetes son los lugares para discutir las cosas. Por eso la Constitución dice que en algunos casos muy especiales algún decreto del presidente debe tener la firma de los secretarios del gabinete”.

No obstante, y aunque técnicamente la propuesta presidencial no toca la Constitución, por lo que no sería inconstitucional, hay pendientes que pueden ampliarse con este cambio. Primero, puntualiza Federico, si habrá una reforma a la ley orgánica de las fuerzas armadas, este momento sería una oportunidad para modificar el mando dentro de estas secretarías. También, explica el abogado, sería buen momento para definir claramente los principios bajo los que operan las fuerza armadas.

“Ojo, si ya vamos a tocar la ley orgánica del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, de una vez metamos, con claridad, cuáles son las misiones, y digamos con toda claridad en la ley que la misión de defensa nacional exterior es a través del pueblo armado; segundo, que las fuerzas armadas jamás serán utilizadas para reprimir al pueblo en materia política; y legalizar, con toda claridad, la función de protección civil y de seguridad pública. Si tú dices eso, y el mando es civil, la Constitución está en perfecto estado”.

Es decir, para Anaya una de las tareas que podría modificar el sentido del debate público es proponer, dentro de estos cambios, la modificación de quiénes son los titulares de las secretarías que organizan las fuerzas armadas.

“¿Por qué tenemos una Secretaría de la Defensa dirigida por militares? Eso está mal. Lo tenemos que cambiar, tienen que ser civiles. Segundo, ¿por qué tenemos una Secretaría de la Defensa, y aparte una Secretaría de Marina? Lo razonable es tener una Secretaría de la Defensa que tiene al ejército de tierra, al ejército de mar y al ejército de aire”, señala.

Pese a esto, estas precisiones parecen escaparse en el debate legislativo y público, cuando debería discutirse fríamente y con seriedad las implicaciones que un cambio de esta naturaleza implicaría para el país. “Tenemos que interpretar más en serio a la Constitución, y para eso habría que quitarse los mitos de la cabeza, y recordar que una buena república somos ciudadanas y ciudadanos armados, que suena militarista, pero es ultra democrático”.

Y concluye: “Los generales y almirantes tienen temor de perder su naturaleza, capaz que lo que tenemos que hacer es ser pedagógicos y decirles que la mayor defensa de la patria, la más gloriosa, es ayudar al pueblo a defenderse de los Estados Unidos el día que extrañísimamente terminemos con un problema de defensa nacional. La misión es volverse pueblo otra vez, no ser Ejército y el orgullo de cuero. Hay mucho temor en el Ejército de volverse una policía, una especie de sentimiento de que se van a rebajar, pero ese sentimiento, en mi opinión, es muy hipócrita, y por otro lado es muy superficial”.

¿El pueblo uniformado?

Pero, ¿es este intento de fuerza intermedia el único que ha existido en nuestro país? Para responder más allá de los intentos fallidos de administraciones pasadas, Federico se remonta a la historia del Estado-Nación mexicano. 

“La Guardia Nacional ha existido en México desde el siglo XIX, y el nombre está cargado de connotaciones. Las guardias nacionales las organizaba la gente en su comunidad, y se reunían en la plaza y elegían a sus capitanes. La Guardia Nacional es el origen del ejército liberal que venció a los franceses en la época de Maximiliano”. 

Tras la guerra de reforma, en 1857, la figura de las guardias nacionales, explica Federico, comenzaron un proceso de profesionalización y entrenamiento militar, y comienza a crearse el andamiaje legal para contener y controlar al nuevo ejército. Es ahí donde nace la redacción que da pie a nuestro actual artículo 129 constitucional, donde se establece que las fuerzas armadas deberán estar en los cuarteles. 

Sin embargo, las guardias nacionales eran fuerzas civiles armadas, o dicho de manera más simplificada “pueblo armado”. Federico lo constata, y añade que esta figura “era el verdadero espíritu republicano”. 

Este ejercicio, o fenómeno, se replica a lo largo de la historia del Estado-nación. La Constitución, por ende, es un documento que da cuenta de esos cambios. 

Desde esos momentos, explica Federico, “la Carta Magna decía que hay ejército profesional, marina de guerra, y guardias nacionales; y aclara, o aclaraba hasta 2019, con la última reforma, que la Guardia Nacional se organiza en cada estado, y que el Senado tiene que autorizar que se usen las guardias nacionales de un estado en otro estado. Entonces, la estructura de la república popular y armada era constitucional”.

Para el abogado, este espíritu de la autodefensa popular, o del pueblo armado, es lo que inspiró a la creación de la actual Guardia Nacional. Su objetivo, esencialmente, sería la desaparición de las fuerzas armadas. La actualidad, sin embargo, nos dice otra cosa. 

Este texto fue realizado por Animal Político, medio aliado de Elefante Blanco. Aquí puedes leer la original.

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