Redacción EB
A 12 años de la masacre en San Fernando, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha sentenciado a una sola persona por el asesinato de las y los 72 migrantes, están pendientes de identificar los restos de 9 personas y 7 familias esperan la exhumación para confirmar que los cuerpos entregados son sus parientes.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), organismo civil que representa a una parte de las familias de las víctimas, conmemoró un aniversario más del multihomicidio que develó la violencia que vive la población migrante a su paso por México, especialmente en Tamaulipas.
El 21 de agosto de 2010 por la noche, 77 personas que viajaban en 2 camiones por la carretera 101, rumbo a la frontera norte, con Estados Unidos de América, fueron secuestradas. A la mañana siguiente, alertados por un sobreviviente a la masacre, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) encontraron 72 cadáveres en una bodega el rancho El Huizachal, San Fernando. En los días siguientes, las autoridades estatal y federal entrevistaron al único testigo, recabaron datos y recogieron los cuerpos; ambas tareas las realizaron con grandes deficiencias.
La larga noche de la masacre se ha extendido durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Las omisiones y las complicidades de las autoridades, más la situación de cada familia de las 72 víctimas han afectado el proceso judicial.
El pasado 4 de mayo, la FGR difundió las sentencias condenatorias, van desde los 13 años y hasta 58 años de prisión, contra 18 personas relacionadas con el secuestro de migrantes en San Fernando. De manera general, la dependencia presentó la información como un logro en el caso, sin embargo evitó apuntar que no comprobó la participación de los 15 hombres y 3 mujeres sentenciadas en los asesinatos.
El juez federal dictó condenas por los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidio doloso o inhumación ilegal de cuerpos, delitos que forman parte del hallazgo de las fosas clandestinas localizadas en abril de 2011 y no de la masacre de 2010.
Las personas sentenciadas fueron aprehendidas en marzo, abril, mayo, junio y noviembre de 2011, en cumplimiento al mandamiento de captura que existía en su contra, quedando a disposición del Juez del conocimiento.
El comunicado pormenorizó el castigo de cada persona, de acuerdo con los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal (MPF).
Juan “C”, pena de 58 años seis meses de prisión y 13 mil 650 días multa por los delitos de delincuencia organizada; portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Jovana “S”, 57 años y mil 775 días multa por los ilícitos de delincuencia organizada, secuestro y posesión de cartuchos también de uso exclusivo.
Julio “L”, Sergio “C”, José “O”, Samuel “M”, Rolando “C”, Claudio “L”, Mauricio “R”, Santitos “R”, sentencia de 43 años seis meses de prisión y seis mil 995 días multa por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y portación de arma de fuego de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Para Heber “A”, 42 años seis meses de prisión y siete mil 165 días multa por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, en la modalidad de “narcomenudeo”; portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo.
Adela “O” y Júpiter “A”, 34 años de prisión y seis mil 975 días multa por los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo. Erick “Z”, fue sentenciado a 28 años seis meses y seis mil 675 días multa por los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo. Jonny “T”, 15 años y seis mil 375 días multa por el delito de delincuencia organizada.
Asimismo, a Javier “M” y Edgar “M”, 14 años un mes, 15 días de prisión y 281 días multa por los ilícitos de contra la salud, en la modalidad de posesión del narcótico comúnmente denominado marihuana, con fines de comercio; portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, agravado. Para Julieta “A”, 13 años de prisión y 280 días multa por los ilícitos de contra la salud en la modalidad de “narcomenudeo”, en la hipótesis de posesión con fines de comercio; portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo.
La directora de la Fundación, Ana Lorena Delgadillo, afirmó que las únicas 2 sentencias relacionadas con los imputados derivaron de otros hechos (delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego) y no por los 72 homicidios de personas migrantes.
Sin voluntad política
Al pie del ‘antimonumento’ por el asesinato de los 72 migrantes, las organizaciones defensoras de derechos humanos reclamaron que la Federación no tenga voluntad política para crear una comisión especial que investigue las masacres y desapariciones en el noreste mexicano. Además, recalcaron, la Cancillería no ha trabajado en acordar con el gobierno de Guatemala la exhumación de 6 cuerpos.
Indicaron que el patrón de impunidad que existe en los casos de las masacres de personas migrantes es la deficiencia institucional de las fiscalías y la falta de mecanismos eficaces para investigar graves violaciones a los derechos humanos, por lo que señalaron la necesidad de generar esquemas diferentes que puedan traer verdad, justicia y reparación para estas familias.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que esta masacre debe ser calificada como una grave violación a los derechos humanos.
