Narcoterrorismo: un tema antimexicano

El 15 de julio del 2010 un coche bomba detonó en Ciudad Juárez. Cuatro personas murieron: un policía federal, dos personas no identificadas y el doctor Guillermo Ortiz, quien acudió a brindar auxilio a un herido. Crédito: Nacho Ruiz / Cuartoscuro

Opinión por Guadalupe Correa-Cabrera

En las últimas fechas y a partir de los hechos violentos ocurridos en diversas partes del país surge de nuevo el debate en torno a lo que algunos definen como “narcoterrorismo”. La discusión es por demás pertinente por las implicaciones tan delicadas que tendría para México que Estados Unidos denominara formalmente a los grupos del crimen organizado de origen mexicano—a los que muchos llaman erróneamente “cárteles” o que engloban dentro del concepto de “el narco”—como organizaciones terroristas internacionales.

Este debate y posibilidad han sido recurrentes desde ya hace varios años; sus principales promotores son políticos estadounidenses de los dos principales partidos (incluyendo al expresidente Donald Trump), miembros de agencias de seguridad del vecino país, algunos académicos vinculados a las mismas agencias y algunos influyentes think tanks (o a tanques de pensamiento)—que son claves en el proceso de cabildeo para influir en las políticas que se dictan desde Washington. Recuerdo desde 2011 las referencias a la supuesta relación entre la organización criminal de los Zetas y Hezbolá y luego incluso menciones al Estado Islámico. Recientemente revisé un artículo donde se vinculaba a los cárteles de la droga mexicanos con “terrorismo yihadista” e incluso a “complejas insurgencias locales” en otros países (incluyendo algunos del continente africano).

He leído también diversos artículos académicos o piezas de opinión que intentan establecer las bases teóricas o empíricas de los alegados vínculos entre el “narco” y el terrorismo; pienso en especial en aquellos escritos por analistas afiliados a escuelas de la defensa. En años recientes, la oposición política al actual gobierno de México—representada por ciertos actores que alguna vez, como parte del gobierno, tomaron decisiones políticas claves y contribuyeron al incremento exponencial de la violencia y la delincuencia organizada, así como por los grupos (empresas y medios de comunicación) que se beneficiaron económicamente al amparo del poder—ha sido enfática en este tema y alega la existencia de narcoterroristas operando en territorio nacional. Algunos incluso llegan al extremo de pedir ayuda al gobierno del vecino país para aliviar este “flagelo”.

Este tipo de narrativas me parecen extremadamente problemáticas por varias razones. En primer lugar, al denominar como organizaciones terroristas internacionales a grupos del crimen organizado de origen mexicano (los mal-llamados “cárteles”) se generaliza la utilización de un término para grupos bastante disímiles entre sí—que no comparten ni misión ni características básicas, más allá de que todos se dedican a delinquir. Tenemos, por ejemplo, grupos que se dedican a traficar droga y que pelean la plaza con otros narcotraficantes; tenemos también grupos que delinquen de otras maneras y extraen rentas de la población local; hay otros que se dedican a actividades variadas de carácter transnacional (como trata y tráfico de personas o tráfico de armas) y también identificamos grupos cuyo origen no es claro y operan quizás como grupos paramilitares.

Sobre estos últimos grupos y el fenómeno del paramilitarismo criminal en general se requiere un análisis por separado. Sin embargo, es necesario destacar que pareciera ser que los grupos que han operado en distintos momentos en territorio nacional causando terror entre la población civil—tal como sucedió de forma simultánea en diversas zonas del país en días pasados—podrían bien ubicarse en esta categoría. Distinguir grupos paramilitares de otros grupos criminales u organizaciones que se dedican a traficar estupefacientes no es cosa sencilla dada la falta de rigor en la cobertura mediática y las noticias falsas. Tampoco es posible distinguir el objetivo último de esos ataques que van dirigidos directamente a la población civil. Algunos piensan que dichos ataques se perpetraron con la intención de enviar un mensaje a autoridades gubernamentales específicas. Sin embargo, no han logrado confirmar o cotejar estas conjeturas de forma sistemática, ni con evidencias contundentes.

Existen diversas definiciones de terrorismo, al tiempo que se reconocen las dificultades para brindar una definición pormenorizada del término. Sin embargo, hay un cierto consenso en la idea general sobre dicho concepto. De acuerdo con Naciones Unidas por terrorismo se entienden “actos de violencia dirigidos contra los civiles procurando objetivos políticos o ideológicos”. Dicha definición ha sido ampliamente utilizada y ha servido de base para diseñar legislaciones e implementar acciones antiterroristas en distintas partes del mundo. Esta misma conceptualización delimita los alcances del sistema internacional en relación al fenómeno. Esto no es cosa menor en un contexto en el cual existe una tendencia clara por suprimir soberanías en pos de consolidar un orden supranacional—acorde, por supuesto, a los intereses del capital global.

Ya desde hace varios años, pero especialmente en últimas fechas, el debate sobre la existencia o no de “narcoterrorismo” en México y la pertinencia de denominar a los “cárteles” mexicanos como organizaciones terroristas internacionales (por parte de Estados Unidos) ha tomado especial relevancia. Esto sucede debido a la ocurrencia de algunos episodios clave como el denominado “Culiacanazo”, la escalofriante masacre de niños y mujeres relacionados con la familia LeBarón en Bavispe, Sonora y los eventos simultáneos de violencia extrema y ataques contra la población civil en distintos estados de la república en días recientes.

¿Pero estamos hablando simple y llanamente de narcoterrorismo? ¿Debemos—y deben otros, como el gobierno de Estados Unidos—actuar en consecuencia?

Para algunos periodistas, analistas nacionales y extranjeros, políticos estadounidenses y miembros de la oposición política en México, parecería que la respuesta es afirmativa. Ello conlleva peligros fundamentales. Más allá de la mezquindad y el oportunismo de la oposición que sin análisis ni fundamentos se han pronunciado por apoyar la narrativa del narcoterrorismo, el tema se traslada al terreno geopolítico. Denominar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales justificaría la intervención por parte de Estados Unidos en territorio mexicano y más allá. Esto, bajo el contexto actual en el ámbito de la seguridad y la delincuencia organizada en México, podría tener consecuencias funestas.

Aquellos que de manera imprecisa y deshonesta utilizan las definiciones aceptadas internacionalmente sobre terrorismo y las aplican al concepto de “el narco” o “delincuencia organizada” sin rigor alguno, le hacen un daño enorme a México y a los mexicanos pues estarían apoyando una eventual intervención armada en este país con todas las consecuencias que ello conlleva. Nunca hemos visto que una incursión armada por parte de Estados Unidos o cualquier país belicista en naciones en desarrollo haya pacificado los territorios en cuestión. Al contrario, ello ha justificado la expoliación de sus recursos naturales o el extractivismo y ha consolidado el imperialismo, la dependencia y el control geoestratégico. Como ejemplos claros tenemos a Centroamérica, Irak o Afganistán.

Asimismo, la utilización del término de forma generalizada es engañosa y peligrosa. En caso de se logre manipular el concepto hasta generar un relativo consenso donde se alcance una denominación de ese tipo en la Unión Americana, cualquier evento violento como los que hemos observado en los últimos años justificaría una incursión militar en territorio mexicano. Como mencioné anteriormente, los grupos criminales en México operan de forma disímil y atienden a incentivos diferentes. En Estados Unidos, la mayor parte de los actores suelen catalogar al conjunto de los grupos mexicanos que delinquen controlando territorio a través del uso de armamento de alto calibre como “narco”.

Se requiere de muchísimo más rigor al catalogar a los grupos armados en México debido a que no todos ellos se dedican al narcotráfico y no todos ellos representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. De hecho, la mayoría de las veces representan exclusivamente una amenaza para la seguridad nacional o, en su defecto, para la seguridad pública (hay que saber distinguir) en México. Al mismo tiempo, la existencia de algunos grupos paramilitares criminales ha forzado la militarización o la extensión de las capacidades del Ejército más allá de sus tareas convencionales.

En pocas palabras, la delincuencia organizada de corte paramilitar en México (que ataca directamente a la población civil mexicana) no perpetra actos terroristas con mensaje para el Estado estadounidense. En otras palabras, los grupos a los cuales una serie de actores caracterizan (de forma deshonesta, ignorante e irresponsable) como “narco” y la respuesta militar al fenómeno no atentan contra la seguridad nacional de Estados Unidos. En realidad, generan un conflicto armado de alta intensidad o una especie de guerra económica contra “los pueblos” de México.

La insistencia en la utilización del término narcoterrorismo es básicamente un argumento antimexicano. Dicho argumento apoya la noción del expresidente Donald Trump, quien articula la idea con la mayor claridad posible hasta la fecha, argumentando que los mexicanos no pueden detener a sus “bad hombres” y que, por lo tanto, sería conveniente que ellos, los estadounidenses, nos enviaran a sus agencias de seguridad e inclusive a su ejército para ayudarnos en una labor que nunca podremos realizar solos dado que somos estructuralmente corruptos y materialmente incapaces.

Dicha idea justificaría la sumisión ante los imperios, la erosión de nuestra soberanía y su cesión al sistema internacional representado por instituciones (“buenas”) como Naciones Unidas, la Unión Europea y su Parlamento, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Lo anterior significaría una supeditación de las leyes mexicanas al derecho internacional y la adscripción a una especie de gobierno supranacional. En fin, hablaríamos de nuevas formas de imperialismo y de expoliación de nuestros recursos naturales—todo ello con base en conceptos engañosos sobre “derechos fundamentales” y formas diversas de pacificación.

Lo anterior se apoyaría en la definición errónea de “crimen de Estado” construida en el seno de la CIDH a partir de la resolución del caso Ayotzinapa, y se justificaría con los arrestos del General Cienfuegos y Genaro García Luna, figuras emblemáticas de la lucha contra el narco y también del “contubernio” con el mismo—según lo aseguran las agencias de seguridad de Estados Unidos. Esto es aparentemente benigno, deseable y necesario a simple vista, pero en realidad conlleva riesgos extraordinarios. Se trata al final de nuevas formas de imperialismo, control territorial por parte de agentes externos y expoliación de nuestros recursos estratégicos.

De todo esto hablaremos con más detalle en otros textos y espacios dada la enorme complejidad e importancia del tema. La construcción del argumento antimexicano en la narrativa del narcoterrorismo es de enorme complejidad y lleva años tejiéndose con cuidado. Es preciso comprender sus implicaciones nefastas. Al final, lo que está en juego son la seguridad, la soberanía y los recursos naturales de México y los mexicanos.

Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora Asociada en la Universidad de George Mason (Virginia, EEUU) y se encuentra afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington, DC y al Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice. Es autora del libro Los Zetas Inc. (Editorial Planeta, 2018).

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