Cabeza de Vaca se resguarda ante votación de su desafuero y orden de aprehensión

Redación EB

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, desapareció de la escena pública ante la inminente votación de las controversias constitucionales sobre su desafuero y la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La última vez que el político panista junto con su esposa Mariana Gómez Leal y sus hijas aparecieron fue el domingo, al momento de votar en Reynosa. Al depositar su boleta, el mandatario dijo que regresaría a Victoria para darle seguimiento a la jornada electoral, pero no se ha mostrado en Palacio de Gobierno o Casa Tamaulipas. Actualmente se desconoce si se encuentra en territorio mexicano o viajó a sus casas en Estados Unidos.

Este miércoles 8 de junio, Cabeza de Vaca enfrenta un día crucial en su carrera política, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará y votará los proyectos de resolución de las controversias constitucionales 50/2021 y 70/2021.

Ambos asuntos judiciales iban a resolverse el miércoles 1 de junio, sin embargo, el ministro instructor, Juan Luis González Alcántara Carrancá, informó que los dejaría en lista. Extraoficialmente se comentó que la decisión se tomó para no interferir en la etapa final del proceso electoral a la gubernatura de Tamaulipas.

Los resultados de las elecciones tamaulipecas, a favor del candidato de la alianza “Juntos hacemos historia”, Américo Villarreal Anaya, también son otro motivo para que el exalcalde de Reynosa se haya ocultado.

Ministro de la Corte propone invalidar la orden de arresto contra el gobernador de Tamaulipas*

La orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) y librada por un juez federal en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, viola directamente la Constitución, suplanta indebidamente facultades del Congreso de Tamaulipas, ignora la autonomía del estado y, por lo tanto, debe invalidarse de inmediato.

Esa es la conclusión que plantea el proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará y votará este miércoles para resolver, de manera definitiva, las controversias promovidas por el Congreso de Tamaulipas en contra de la referida orden de captura.

El proyecto, que no se ha hecho público pero al que Animal Político tuvo acceso, plantea que el mandatario panista sigue gozando de la inmunidad constitucional que lo protege por una sencilla razón: el Congreso de la entidad no validó la declaratoria de procedencia que la Cámara de Diputados dictaminó y, por lo tanto, no se completó el proceso de desafuero.

Uno a uno, el ministro desestima todos los argumentos vertidos por la FGR para justificar que, de forma unilateral, haya decidido solicitar la detención de García Cabeza de Vaca. Por el contrario, González Alcántara Carrancá sostiene que tanto los fiscales como el juez Aarón Zeferino Hernández —responsable de girar la orden de captura— violaron claramente el artículo 111 de la Constitución, que otorga una doble protección a los funcionarios estatales, justamente para protegerlos de decisiones unidireccionales del poder federal.

“Además de la violación directa a la esfera competencial prevista en la Constitución federal para el Congreso local, la actuación de ambas autoridades (la FGR y el juez) equivale a suplantar al poder actor en la decisión última sobre la inmunidad procesal de la que goza el gobernador del estado de Tamaulipas (…) por ello, se declara la invalidez de los actos impugnados en la presente controversia constitucional”, sentencia el ministro.

El proyecto, que requiere de los votos de al menos tres de los cinco ministros de la Primera Sala para ser aprobado, hace en primera instancia un recuento del caso. Recuerda que el 18 de mayo de 2021 el juez del Altiplano, Zeferino Hernández, libró la orden de captura en contra del gobernador, a petición de la FGR, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

*Información de Arturo Ángel/Animal Político

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