Verástegui firma plan de defensa de beneficiarios de apoyos federales que voten por él

Crédito: César Verástegui Ostos Facebook

Redacción EB

El candidato de “Va por Tamaulipas” a la gubernatura de Tamaulipas, César “Truco” Verástegui Ostos, firmó un compromiso para defender a las personas beneficiarias de programas federales que voten por la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Verástegui Ostos entregó los padrones de mujeres y hombres que reciben apoyos del gobierno federal a la notaria María Guadalupe Soto Reyes (6) y los notarios Diego Armando Villanueva Morales (222) y Luis Gabriel Martínez Peña (169), con el objetivo de resguardar su derecho a pesar de su preferencia política.

El político panista ha reaccionado así ante los señalamientos de coacción del voto por parte de las y los servidores de la nación que entregan los programas de bienestar implementados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En el evento, la señora Anabella Pizaña Bustos, beneficiaria de 65 y más, afirmó que ha sido intimidada para respaldar al candidato de la alianza “Juntos hacemos historia en Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

“[…] simplemente señor Truco le vengo a exponer mi miedo y temor que nos están intimidando de que nos van a quitar el apoyo si no votamos por el doctor Américo, yo a ese señor yo no lo conozco, y mi voto es para quien yo quiera, no tienen que decirme ti vas a votar por él, yo mi voto es para usted”, pronunció frente a los asistentes y otras personas que obtienen programas federales.

El candidato Verástegui habló de su propuesta social que, en algunos puntos, se asemeja al planteamiento federal. El “Truco” prometió uniformes gratis para estudiantes, 3,000 pesos mensuales y seguro de vida para madres jefas de familia, créditos a la palabra para mujeres emprendedoras, apoyo a la construcción de cuartos para niñas y adolescentes, seguro de desempleo de 3,000 pesos al mes.

Además, dijo, articulará un programa de empleo temporal, becas escolares, ticket único para transporte de estudiantes, 1,500 pesos mensuales y atención médica a domicilio para los adultos mayores y clínicas especializadas.

“Ninguna familia, tamaulipeco con discapacidad, estudiante o adulto mayor que reciba apoyo de la Federación tiene porque ser presionado a votar por Morena bajo amenaza de perderlo, yo garantizo que los seguirán recibiendo, y aparte, se sumarán los programas del estado cuando sea gobernador”, mencionó el exsecretario general de Gobierno.

Responde delegado Reyes

El delegado de programas para el desarrollo, Luis Lauro Reyes Rodríguez negó que los apoyos sean utilizados con fines políticos a favor de Villarreal Anaya.

Vivimos tiempos difíciles y no vamos a permitir que nada ni nadie nos impida seguir con esta gran misión, que nuestro presidente nos encomendó para el beneficio de las y los tamaulipecos”, comentó sin referirse a los señalamientos de la coalición opositora al gobierno federal.

El Gobierno de México apoya a medio millón de tamaulipecos a través de 14 programas sociales, con una presupuesto anual de 7 mil millones de pesos, de acuerdo con los últimos datos aportados por la delegación tamaulipeca.

De los 500,000 tamaulipecas y tamaulipecas inscritos en los programas, 242,000 corresponden a adultos mayores, quienes representan el mayor grupo poblacional beneficiado.

Denuncia en la Fiscalía federal

El pasado 15 de marzo, Kenia López Rabadán, senadora del PAN, denunció a Morena ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por el supuesto uso de los programas sociales del gobierno federal para coaccionar el voto en la revocación de mandato y en los actuales procesos electorales.

“Dichos actos ilegales impactan en la revocación de mandato, pero también en los seis procesos electorales que actualmente se están llevando a cabo, por lo que resulta urgente que la autoridad ministerial suspenda este tipo de prácticas deleznables”, exigió la senadora.

En la denuncia, la senadora del PAN recordó que los artículos 7 y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales sancionan con hasta tres años de prisión a quien amenace con suspender beneficios de programas sociales para coaccionar el voto.

Asimismo, se sanciona con hasta nueve años de prisión a quien condicione la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas gubernamentales a cambio de voto, explicó.

El próximo 5 junio se realizarán procesos electorales locales, en los que se elegirán a los gobernadores, en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

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