Detienen al “Bronco”, exgobernador de Nuevo León. Aquí te contamos su caso judicial.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, alias el “Bronco” en el municipio de General Terán.

La captura está relacionada con la indagatoria por desvío de recursos públicos para la recolección de firmas para ser candidato independiente a la Presidencia en el proceso electoral de 2018.

El político expriista fue ingresado al penal número 2 de Apodaca, instalación carcelaria que se construyó durante su gobierno.

El caso judicial

La aprehensión de Rodríguez Calderón es parte de un entramado que comenzó en 2017, cuando decidió separarse del cargo de gobernador de Nuevo León para intentar ser presidente de México.

El equipo periodístico de Buzzfeed, integrado por Yuriria Ávila y Rafael Cabrera, indagaron este caso que pasó a las manos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Fiscalía de Delitos Electorales de Nuevo León.

En diciembre de 2017 publicaron que 24 secretarios y altos funcionarios del gobierno de Nuevo León aparecían en la lista de auxiliares para recolectar firmas. Esto significaba que el 37% de los titulares de dependencias estaban dados de alta para lograr que fuera candidato independiente a la Presidencia.

La revisión del listado, obtenido vía una solicitud de transparencia, arrojó los nombres de Manuel Florentino González Flores, secretario General de Gobierno de Nuevo León; Gerardo Guajardo Cantú, actual encargado del despacho de la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública; Carlos Alberto Garza Ibarra, secretario de Finanzas; Arturo Estrada Camargo, secretario de Educación; Manuel Enrique de la O Cavazos, quien todavía es secretario de Salud de Nuevo León; entre otras y otras funcionarios.

El reportaje de Ávila y Cabrera profundizó y relevó que 205 funcionarios públicos de su administración trabajaban en el objetivo personal. La autoridad electoral señaló que el “Bronco” tenía 35, 770 auxiliares registrados en total, pero sólo 14, 666 estuvieron activos y recolectaron firmas.

El primero en oponerse Jaime Rodríguez fue el entonces senador Samuel García Sepúlveda, quien denunció el caso ante el INE y las fiscalías. En mayo de 2018, El INE confirmó que 595 funcionarios del gobierno de Nuevo León recabaron en horas laborales 19,114 firmas en apoyo a la candidatura independiente.

Aunque Jaime Rodríguez logró ser candidato el caso electoral siguió. En mayo de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó una sanción económica de 739,000 pesos contra Rodríguez Calderón, debido a que se detectaron diversas prácticas ilegales de financiamiento para la recolección de firmas ciudadanas, con el uso de recursos humanos y financieros por 12,800,00 pesos

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, afirmó que utilizó a empleados de gobierno en horas de oficina, recibió aportaciones económicas simuladas a través de personas físicas y de empresas incluso sin registros fiscales y sin capital.

El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación señala que se dará vista de estas indagatorias a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), al Congreso Estatal y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De las áreas que llama la atención que se dará vista en la PGR es a la Unidad Especializada de Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificaciones y Alteración de Moneda; y también a la contraloría y Transparencia del gobierno del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con la ley, sólo se puede sancionar con 739,000 pesos a Rodríguez Calderón, pues la norma fija límites a las sanciones a personas físicas, pero el consejero resaltó que lo importante es el mensaje que deja el INE de que detectó de irregularidades de esa índole.

“Ahora bien, el monto de la multa no es lo central, el mensaje y lo relevante, es una mala noticia que se hayan dado estas prácticas en el proceso electoral en curso, mas hubiera sido una noticia terrible que el INE no las hubiera detectado, documentado y sancionado oportunamente”, destacó el consejero electoral.

Hace 4 años, Murayama justificó que para retirar una candidatura se tendrían que haber superado los gastos durante la etapa proselitista, y ahora, con los gastos adicionales que se han encontrado, todavía no se rebasan los 33,000,000 pesos de tope de campaña.

Los actos comprobados de uso de recursos humanos fueron 3: el uso de 652 servidores públicos estatales; la simulación de haber recibido recursos legítimos de ciudadanos en la cuenta bancaria de la asociación civil “Viva la Independencia”, en su informe de gastos y de ingresos como aspirante, Rodríguez Calderón declaró aportaciones por 17.5 mdp, provenientes de 152 personas físicas; y un gasto no reportado y de origen ilegal por 6,630,00 pesos de recursos para pagos auxiliares que no hicieron trabajo voluntario.

Murayama Rendón abundó que una nota periodística del periódico El Norte puso a la Comisión de Fiscalización, sobre la pista. Así conocimos dos tarjetas “Saldazo OXXO”, a través de las que un par de periodistas recibieron pago como auxiliares de Rodríguez Calderón.

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