Tránsitos de Tamaulipas en la mira por colusión con el crimen organizado

Crédito: Reporte Noreste

Redacción EB

Todas las direcciones de tránsito de los municipios de Tamaulipas están siendo observadas por las dependencias del gobierno de Tamaulipas, debido a los incidentes de violencia que apuntan a una posible colusión entre las oficinas de vialidad y el crimen organizado.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, exigió a las alcaldesas y los alcaldes para que denuncien los ilícitos cometidos por probables integrantes de la delincuencia en sus territorios.

“Nadie se ha dignado decir oye en mi colonia, oye personal de Comapa, personal de Tránsito ha detectado un grupo de personas armadas”, dijo el mandatario.

No es la primera vez que Cabeza de Vaca pide a los titular de los ayuntamientos que colaboren en temas de seguridad. Tras la masacre de Reynosa, el gobierno estatal hizo público un oficio que envió a las y los 43 titulares de los municipios para que informaran de presuntos actos delictivos en la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas han intervenido en casos considerados de gravedad, como Ciudad Madero y Matamoros. Posteriormente, el gobierno de Tampico detectó a un par de elementos con acusaciones de corrupción y los envió a repetir los exámenes de control y confianza, a los que están obligados todos los agentes viales y de seguridad.

En septiembre del año pasado, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a 4 funcionarios de la dirección de Tránsito y de Protección Civil del ayuntamiento de Gustavo Díaz Ordaz, por su probable responsabilidad en apoyar al crimen organizado.

11 años sin policías municipales

Hace 11 años que los municipios tamaulipecos comenzaron a liquidar a sus grupos policiales. La guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón y la posterior implementación de un nueva política seguridad nacional, con Mando Único policial, fueron las acciones que evidenciaron las malas condiciones laborales de los policías y, a su vez, pusieron al descubierto la corrupción y cooptación por el crimen organizado.

Las policías municipales operaron y desarrollaron sus capacidades durante los 3 sexenios pasados. Los directores municipales policiacos siempre estuvieron al mando de los entonces titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

En 18 años, los secretarios de seguridad estatal, José Ives Soberón Tijerina, General Luis Roberto Gutiérrez Flores, Antonio Garza García, General brigadier Ubaldo Ayala Tinoco y Rafael Lomelí Martínez callaron públicamente lo que sucedía al interior de las corporaciones municipales y la estatal: una honda corrupción promovida desde las cabezas empezaba a hacer mella contra la población.

Un año después de 2010, cuando inició la época violenta en Tamaulipas, las fuerzas federales iniciaron un proceso de desarme de los policías municipales. El grupo de San Fernando fue uno de los primeros en ser analizados, debido a la masacre de abril de 2011. El resultado de la evaluación e investigación federal fue la detención de 16 agentes por presuntos vínculos con la banda delincuencial que operaba en la zona.

En agosto del mismo año, la Policía municipal de Ciudad Victoria empezó a desarticularse. A 47 de 190 elementos que estaban a la espera de ser evaluados por las pruebas de control de confianza les liquidaron sus contratos.

Los elementos de la zona metropolitana de Tampico, Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria fueron los siguientes en quedar sin armas y puestos a disposición de los exámenes de control y confianza. Este proceso duró dos años para comenzar a “limpiar” las corporaciones que, en el tiempo referido, trabajaban en recorridos a proximidad.

Empero, el cambio drástico ocurrió en 2013, cuando por orden nacional se implementó el Mando Único. A los policías que aprobaron los exámenes les ofrecieron integrarse a la Policía Estatal. Los que aún no presentaban la evaluación de control esperaron, los que no aprobaron comenzaron a ser liquidados por los ayuntamientos.

El 24 de enero de 2013, los alcaldes del sur de la entidad anunciaron la liquidación de los 580 elementos que integran la corporación metropolitana. La acción fue pactada por la presidenta de Tampico, Magdalena Peraza Guerra y sus homólogos de Ciudad Madero, Jaime Turrubiates Solís; y de Altamira, Pedro Carrillo Estrada.

Para abril, en Nuevo Laredo el Primer Batallón de Policía Militar se hizo cargo de la vigilancia de esta frontera. Dado el paso unificador, más de 600 elementos municipales se presentaron para obtener el certificado.

Ninguno de los 43 municipios y tampoco el gobierno de Tamaulipas han informado en qué estado legal quedaron las liquidaciones de las corporaciones. En cambio, de acuerdo con el informe de observaciones del gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las administraciones estatales del periodo 2000 a 2010 cometieron irregularidades estimadas en más de 2 mil millones de pesos con los fondos de seguridad.

Dentro de las auditorías se encontró que la actuación de los municipios en el rubro de seguridad fue similar a la estatal. El hallazgo mayor señalado por la Auditoría Superior son las diversas irregularidades en la implantación y operación de la Plataforma México, un comportamiento que se agudizó en los ayuntamientos de Matamoros y Reynosa.

El proceso de fiscalización del Subsemun en el periodo 2008 a 2010 arrojó evidencias claras del mal uso de 488 millones 500 mil pesos dados a las dos localidades fronterizas. Ese dinero fue ejercido en la víspera a la cruenta guerra desatada a partir de febrero de 2010 en la frontera, que se propagó al centro y sur de la entidad.

En 2009, el entonces alcalde de Matamoros, Erick Silva Santos, permitió que el subsidio se gastará en obras, adquisiciones, acciones y pagos distintos a los fines establecidos en el convenio federal. En Reynosa, el presidente Oscar Luebbert Gutiérrez, incumplió en pagos que no reportó e impidió la puesta en marcha del sistema de inteligencia policial.

Para el año siguiente, se descubrió que artículos del kit de video vigilancia, vestuarios del grupo táctico y cámaras digitales se perdieron. El daño al erario fue de 5 millones de pesos, por otros conceptos que no comprobaron. Los auditores consideraron que las licitaciones de uniformes, camisetas, patrullas, equipo de computo y cámaras de seguridad fueron irregulares.

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