Redacción EB
En 2016, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), realizó una investigación contra la directora para Centro y Norteamérica del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Mercedes Doretti; la abogada Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; y la periodista Marcela Turati, cofundadora de Quinto Elemento Lab y coordinadora del proyecto de investigación #Másde72.
Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIS) de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (ex SEIDO, hoy llamada FEIDO), ordenó la indagatoria ilegal contra las mujeres que indagaban, cada una desde sus campos, el asesinato de, por lo menos, 196 personas halladas dentro de 47 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en abril de 2011.
Las familias de las víctimas junto con la defensora, la perito forense y la periodista dieron una rueda de prensa para detallar la información que encontraron en el expediente realizado por la SEIDO. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, explicó que la PGR obtuvo los registros de las llamadas telefónicas de febrero de 2015 a abril de 2016, mensajes de texto y coordenadas de ubicación de las 3 mujeres. Posteriormente, la Policía Federal elaboró un mapa de sus comunicaciones y posibles encuentros.
Cuando ocurrió el hallazgo de las fosas clandestinas en abril de 2011, la periodista Marcela Turati investigó y publicó reportajes en la revista Proceso y, junto a un grupo de reporteras y reporteros, creó el sitio Más de 72. Turati ha dado seguimiento del caso, que continua sin personas sentenciadas. Actualmente prepara un libro sobre lo sucedido en
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación por la Justicia, se integró al caso defendiendo a las familias de los migrantes mexicanos y centroamericanos que fueron víctimas de homicidio en San Fernando. Para la investigación del mega homicidio, Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se sumó vía un convenio con la propia PGR.
A pesar de conocer públicamente a las 3 mujeres, la PGR abrió la indagatoria, de acuerdo al expediente, por un familiar de un migrante víctima que presentó una denuncia señalando que no había dado permiso para difundir su caso, el cual podía ponerla en peligro.
De acuerdo con un comunicado del EAAF, Mercedes Doretti fue espiada ilegalmente en el marco de una causa por “Crimen organizado” en la que actuaba como perito forense.
La investigación irregular se sustanció en un conjunto de documentos reservados iniciados en 2016 dentro de la causa por el hallazgo de fosas clandestinas de la masacre de personas migrantes ocurrida en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.
“Se trata de uno de los casos que investiga la Comisión Forense en el que el EAAF interviene como perito forense independiente, compartiendo la Secretaría técnica de dicha comisión con los servicios periciales de la la Fiscalía General de la República”.
“Que Nunca Más un forense sea criminalizado por hacer su trabajo”, dijo Mercedes Doretti -miembro fundadora y directora para Centro y Norteamérica del EAAF- durante una conferencia de prensa llevada a cabo en México.
“Los forenses somos técnicos, si tenemos una disidencia hacemos una junta. Acá sustituyeron el debate por la criminalización. Es una investigación sobre la nada, no hay ningún delito. Es una violación al derecho de las familias a un perito independiente, es una violación a la libertad de prensa y es una violación al derecho a la defensa”, agregó.
Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y representante legal de las familias de algunas de las víctimas identificadas en el caso Fosas de San Fernando, aseguró: “Buscábamos que no hubiera impunidad y nos encontramos investigadas como crimen organizado. Las tres trabajamos por las víctimas desde nuestros lugares”.
Tanto Turati como Doretti presentarán un recurso de amparo para denunciar lo ocurrido, exigir que cese la investigación irregular y se destruyan las pruebas obtenidas en el marco de la misma. En tanto, Delgadillo decidió hacer una denuncia penal contra los funcionarios involucrados. Las distintas estrategias judiciales fueron acordadas y resultan complementarias.
Con información de Aristegui Noticias
