Juez dicta suspensión definitiva y total contra aprehensión de Cabeza de Vaca

Carlos Manuel Juárez

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, mantiene la su favor a suspensión total contra la orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ayer, el juez octavo de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, decidió conceder la suspensión definitiva a pesar de que ninguna de las partes acudió a la audiencia que se realizó a las 13 horas en Reynosa, de acuerdo a la síntesis publicada en el listado de acuerdos.

“Esta determinación deberá hacerse del conocimiento del Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, para los efectos legales a que haya lugar respecto de las quejas que se tuvieron por interpuestas en los proveídos de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno y de esta fecha. Notifíquese”, intuyó el juzgador.

El miércoles 19 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión, concedida por el juez de Distrito Especializado en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, Iván Aarón Zeferín Hernández.

El 25 de mayo, el juez Gutiérrez Pérez dio su primera postura al respecto, donde reconoció que el pronunciamiento del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el desecamiento de la controversia constitucional 50/2021 contaba con bases para proteger al político panista.

“En esa condiciones, sostiene la ejecutoria invocada, que ‘sin prejuzgar sobre la culpabilidad o no respecto del ilícito que se relaciona, ‘pues existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo.’ ‘Es decir, cuando concluya el mandato del imputado ahora quejoso, al parecer se continuará el procedimiento penal hasta culminar en sentencia, que puede ser condenatoria.”, cita el juez del acuerdo de la Corte.

Al finalizar este apartado el titular del Juzgado Octavo de Distrito afirma:

“En consecuencia, si la Legislatura local no aprobó el desafuero subsiste la inmunidad, lo cual, se insiste, será en todo caso la materia del fondo del amparo, y el funcionario cuestionado conserva su cargo hasta que concluya el periodo para el que fue electo, si así se llega a determinar en este amparo.”

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