Carlos Manuel Juárez
Ciudadanos de Tamaulipas entregaron información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que sirvió para ampliar la denuncia contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ante la Fiscalía General de la República, informó el funcionario federal Santiago Nieto Castillo.
“En línea con el proceso de declaración de procedencia que sigue @Mx_Diputados y como resultado de la recepción de nuevos datos sobre el caso, provenientes incluso de Tamaulipas, la UIF amplió denuncia ante @FGRMexico contra Francisco ‘G’, para aportar nuevos elementos”, indicó en su cuenta de Twitter.
Aunque Nieto Castillo no específico los orígenes de los nuevos datos que inculpan al político del Partido Acción Nacional (PAN), Milenio asegura que agrupaciones civiles de Tamaulipas y Texas hicieron llegar pruebas sobre la adquisición de inmuebles en McAllen y México. Dichos elementos podrían configurar los ilícitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal.
La espera del desafuero
Se han cumplido dos meses que la FGR presentó la solicitud de desafuero contra el mandatario tamaulipeco por ser presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Dicho proceso ha tenido, como punto álgido, la primera audiencia pública del caso celebrada el 19 de marzo y transmitida a través de las plataformas como Facebook y YouTube.
Santiago Nieto ha sido el hombre principal en el caso contra Francisco García, quien concluiría su mandato el 30 de septiembre de 2022. En la audiencia, el funcionario federal reveló que el panista ha ganado 23,935,746 pesos en los cargos públicos que ostentó del 1 de septiembre de 2000 a septiembre de 2020. Enseguida, señaló, el reynosense no declaró ingresos por 10,570,856 pesos en el mismo periodo referido, que representan una posible evasión fiscal de 2015 a 2020.
Soto la Marina, Reynosa y McAllen
Apoyado de una presentación, el titular de la UIF exhibió fotografías de fotografías 34 propiedades, como casas, ranchos, locales y terrenos en México y Estados Unidos que, presuntamente, Francisco García comparte con su esposa Mariana Gómez, su suegro José Ramón Gómez Reséndez, sus hermanos José Manuel e Ismael y su madre María de Lourdes Cabeza De Vaca Wattenbarger.
Dentro de México, la familia García Cabeza de Vaca y Gómez Leal, por medio de sus integrantes o empresas, tiene la mayoría de sus bienes e inmuebles en los municipios de Soto la Marina y Reynosa, Tamaulipas. Según la información de la UIF, poseen dos ranchos que en conjunto suman 1,214 hectáreas y 450 metros cuadrados de construcción, una hacienda y un ejido completo con extensión de 96 mil metros cuadrados. Todos los bienes anteriores se ubican en Soto la Marina y están valuados en 155,000,000 pesos.
En Reynosa, de acuerdo con la declaración 3 de 3 que presentó Cabeza de Vaca en campaña, tiene una casa de 464 metros cuadrados de construcción y 722 metros cuadrados de terreno que recibió en donación de su padre y madre, con un valor de 905,228 pesos. Además de la propiedad de obras de arte, joyas y maneja de casa, adquiridas a contado y crédito, con un valor estimado total de 2,440,000 pesos. En conjunto con su esposa Mariana Gómez Leal tiene una casa y 7 terrenos en la localidad fronteriza.
Cruzando el río Bravo hacia Texas, la familia García Cabeza de Vaca es dueña de 15 propiedades, sostuvo Nieto Castillo. Los hermanos José Manuel, Ismael, Francisco y su madre María, a través de sus nombres o empresas, tienen 5 casas y 4 propiedades comerciales en McAllen; 3 terrenos, una bodega y una casa en Hidalgo, una mansión en Misión y otra en la Isla del Padre. En este último lugar también se encuentra una propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, empresario que es señalado como socio y presunto prestanombres de Cabeza de Vaca.
En la misma presentación, la UIF muestra parte del patrimonio de José Ramón Gómez Reséndez, empresario constructor y suegro del gobernador, quien posee una casa y una plaza comercial en McAllen, un local comercial en Edinburg y otra casa en Paso, Texas.
La acusación formal
El conjunto de información anterior fue parte del contexto que aportó el titular de la UIF en la comparecencia ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la acusación formal que derivó en la solicitud de desafuero de la Fiscalía General de la República es la compra y venta del departamento de Bosques de Santa Fe.
Santiago Nieto expuso que el matrimonio García Gómez pidió un crédito por 14,300,000 pesos a una empresa que había sido financiada por dos negocios, identificados como empresas fachada, vinculados al Cártel de Sinaloa. “No se trata de una denuncia que haya presentado esta administración de la UIF, son empresas que desde la administración anterior, desde el gobierno anterior habían sido denunciadas e incluidas en lista de personas bloqueadas”, afirmó.
El funcionario hacendario especificó que los depósitos por 14,300,000 pesos se realizaron del 13 al 17 de diciembre de 2013 a la Sofom. Al día siguiente, Cabeza de Vaca recibió el préstamo y compró el departamento en Santa Fe, por la misma suma.
“Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la UIF más que mostrar hechos y el Ministerio Público sí que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no”, reiteró.
En la misma audiencia, el abogado defensor, Alonso Aguilar Zinser, reveló que la defraudación fiscal imputada a Francisco García asciende a 6,511,777 pesos y es el motivo principal de la indagatoria.
Cabeza de Vaca y Mariana Gómez vendieron el departamento en diciembre de 2019. Al respecto, la UIF indagó a la Empresa T quien pagó 42,100,000 pesos a Francisco García Cabeza de Vaca, por el departamento de Santa Fe.
Ese año, la empresa que adquirió el inmueble recibió hasta 44,800,000 pesos de una empresa de Avalúos que tiene la característica de entidad fantasma, dijo. Esta última compañía obtuvo 46,300,000 pesos de seis empresas fachada vinculadas con el Cártel de Sinaloa. La Empresa T tiene el mismo domicilio que Manuel Rodolfo Trillo Hernández, expiloto del Joaquín Guzmán Loera. Este hombre, conocido como la “Trilladora”, quien financió el túnel por el que se fugó el capo del penal del Altiplano en 2015, de acuerdo con acusaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Días posteriores a la audiencia, el gobernador Francisco García rechazó las acusaciones y señalamientos que hizo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
“Durante el transcurso de la audiencia, el titular de la UIF abordó diversos temas que no son materia de la solicitud de la Fiscalía y que por tanto no eran materia de su testimonio, proporcionando información respecto de la cual, incluso no hay referencia en sus denuncias”, dijo.
En un comunicado, el mandatario aseguró que la mayor parte de la exposición dada por Nieto Castillo no es parte de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR), que derivó en el proceso de solicitud de desafuero.
En entrevista con Carmen Aristegui, Alonso Aguilar Zinser, abogado del político panista, indicó que la exposición de Santiago Nieto en la Cámara de Diputados generó la percepción de que estaba vinculado al Cártel de Sinaloa, lo cual es falso.
Posible negocio energético
Animal Político reportó otra parte de la exposición de Nieto Castillo en la comparecencia, que relaciona al gobernador de hacer negocios con la empresa española Acciona Energía, una socia de Odebrecht que ha sido indagada y sancionada por haber cometido actos de corrupción en países de Latinoamérica y Europa.
La acusación señala que una compañía mexicana vinculada al mandatario panista, Enerxiza Wind, se asoció con Acciona Energía para, de manera ventajosa, ganar en 2016 la licitación para la construcción y operación del parque eólico El Cortijo, que genera energía limpia para después venderla a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según la investigación, Cabeza de Vaca tiene participación en Enerxiza Wind a través de un presunto prestanombres identificado como Baltazar Higinio Reséndez Cantú, que funge como accionista de la compañía.
Reséndez Cantú es un empresario de origen tamaulipeco que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, fue fichado por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) -la UIF estadounidense- por lavado de dinero.
En 2012, antes de ganar el contrato, la empresa Enerxiza Wind, en colaboración con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), promovió la instalación de una torre anemométrica para hacer estudios eólicos, a fin de determinar la viabilidad de construir un parque en la comunidad de El Cortijo.
La certificación de factibilidad de la obra llegó un año después, con lo que se determinó procedente la construcción y se declaró una Temporada Abierta para que los licitantes presentaran sus propuestas.
Enerxiza Wind no sólo logró hacer viable el proyecto, sino que ganó la licitación para su construcción en sociedad con Acciona. Actualmente, el parque eólico es operado totalmente por la empresa española.
Los nexos de Enerxiza Wind con el gobernador tamaulipeco no sólo conducen a su presunto prestanombres -Reséndez Cantú-. Conforme la acusación de la UIF, esta compañía señala su domicilio fiscal en el Ejido de La Retama, en Reynosa, donde comparte sede con otra empresa de la familia Cabeza de Vaca, cuyo nombre no fue indicado.
“De la información obtenida, se sabe que una de las empresas familiares de Francisco ‘N’ adquirió prácticamente la totalidad del Ejido de La Retama”, señala.
El empresario Reséndez Cantú es una pieza central en la acusación contra Cabeza de Vaca por operaciones con recursos de procedencia ilícita, base para la solicitud de su desafuero.
Según la UIF, el presunto prestanombres también es accionista de las empresas que participaron en el esquema de corrupción utilizado para “comprarle” en 2019 al gobernador un departamento en Santa Fe por 42.1 millones de pesos, un valor 300% superior al precio en que lo adquirió el panista tres años antes.
El proyecto de El Cortijo es el quinto parque eólico operado por Acciona en México y se terminó de construir en septiembre de 2018. Se trata de una instalación de 168 megavatios (MW) de potencia y ha significado una inversión de 235 millones de dólares.
Acciona Energía suscribió un contrato con la CFE para venderle, durante 20 años, energía limpia (CELs) producida en El Cortijo.
Ese tipo de contratos han sido cuestionados por la actual administración, que acusa altos costos para el erario. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que en 2016 la CFE perdió 1 mil 031 millones de pesos por comprar energía renovable más cara a los proveedores privados.
La española Acciona está bajo investigación de la Fiscalía de Ecuador por sospechas de corrupción en un contrato que ganó en consorcio con Odebrecht en 2015 para construir un tramo del Metro de Quito, por un monto de mil 500 millones de dólares. A su vez, la Fiscalía de Colombia indaga a ambas firmas por presuntamente haber simulado competencia en una licitación en ese país.
En 2019, el Banco Mundial vetó por dos años y medio a una filial de infraestructura de Acciona en Bolivia por cometer irregularidades en una oferta y mentir sobre los avances de una obra. Y en Europa, la justicia española ha multado y encarcelado a exdirectivos de la empresa y exfuncionarios por un escándalo de corrupción relacionado con una obra pública en la comunidad autónoma de Aragón.
Entre el lunes y miércoles votan desafuero
Del 26 al 28 de abril, la Sección Instructora votará el proyecto de la solicitud de declaración de procedencia contra el mandatario tamaulipeco, por lo que, de aprobarse, deberá dejar el cargo a finales de la siguiente semana.
La Sección instructora, encargada de evaluar el caso, abrió un plazo de 30 días naturales para desahogar las pruebas de la FGR, con el objetivo de elaborar un proyecto de la solicitud de la declaratoria de procedencia, documento que será enviado a la Mesa directiva del Poder Legislativo.
El procedimiento continuará con la convocatoria a una sesión especial, donde participarán de aceptar, los agentes de la FGR, el gobernador García Cabeza de Vaca, las y los legisladores federales, hasta en dos ocasiones. Al final, el Pleno votará el proyecto presentado por la Sección instructora. De no aprobarse, el documento vuelve para una reelaboración que contenga el sentido de la votación mayoritaria en el Pleno.
“Por lo que toca a gobernadores, diputados a las legislaturas locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados a quienes se les hubiere atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la legislatura local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y, en su caso, ponga al inculpado a disposición del ministerio publico federal o del órgano jurisdiccional respectivo”, indica la Ley Federal De Responsabilidades De Los Servidores Públicos.
Desde que se hizo pública la solicitud de desafuero, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, afirmó que la solicitud de juicio de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas será transparente y no obedece a una venganza política.
La Sección instructora es integrada por el diputado Pablo Gómez Álvarez, quien ocupa el cargo de presidente. Las legisladoras Martha Patricia Ramírez Lucero (Secretaria), Anilú Ingram Vallines y Ana Ruth García Grandes, quienes son participantes sin puesto. Morena tiene la mayoría de la Cámara de Diputados.
