En abril, Corte decidirá la extradición del exgobernador Eugenio Hernández

Eugenio Hernández fue gobernador de Tamaulipas de 2005 a 2011.
Eugenio Hernández fue gobernador de Tamaulipas de 2005 a 2011. Fotografía: Gobierno de Tamaulipas

Carlos Manuel Juárez

El 14 de abril, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá la validez del acuerdo de extradición contra el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores. La resolución judicial podría cambiar todo el panorama del político que lleva preso tres años y cinco meses.

De acuerdo con la lista de asuntos, la ministra Margarita Ríos Farjat expondrá el caso que elaboró después de analizar los alegatos contra el artículo 1 de la Ley de Extradición Internacional, y los artículos 3 y 13 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América; ambas normas dieron sustento al solicitud de extradición concedida por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El argumento de la defensa se basa en dos cuestionamientos: las pruebas necesarias y el procedimiento para conceder o negar una extradición. Eugenio Hernández sostiene que no se respetaron los derechos de audiencia, defensa, debido proceso y acceso a la justicia, de acuerdo a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de México.

Eugenio Hernández Flores fue gobernador de Tamaulipas en el periodo de 2005 a 2010. El 5 de octubre de 2017 fue detenido en Victoria, Tamaulipas. Fue recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de la capital tamaulipeca y posteriormente fue trasladado al penal de Tenango del Valle, Estado de México, donde se encuentra actualmente.

El motivo de la detención del político priista fue una acusación por los delitos de peculado y operaciones de procedencia ilícita al comprar un terreno de mil 600 hectáreas, propiedad del patrimonio del Estado a través de una red de prestanombres. Contra dicha imputación, integrada en la causa penal 67/2017, obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión el 17 de septiembre de 2018.

Hernández Flores y su defensa se concentra en evitar la extradición a la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, con sede en Corpus Christi. En Estados Unidos de América acusan a Eugenio Hernández Flores de diseñar y ejecutar “varias maquinaciones con el fin de robar dinero al gobierno de Tamaulipas, lo anterior realizando contratos falsos” entre el 2005 y mayo de 2015.

Pelea contra la extradición

El proceso legal contra la extradición ha sido largo para Hernández Flores. El 17 de octubre de 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) libró la orden de detención provisional con fines de extradición. Al día siguiente se celebró la primera audiencia y el juez federal concedió la detención, misma que fue ratificada un día después en audiencias en la capital tamaulipeca.

El 14 de diciembre de 2017, el gobierno de los Estados Unidos solicitó de manera formal la extradición por los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envío sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario. 

A finales de enero de 2018, el juez de distrito Eucario Adame Pérez emitió una opinión jurídica no vinculatoria contra el envío del político a territorio estadounidense. Asimismo, recomendó al gobierno mexicano solicitar al causa penal norteamericana 2:14-cr-00178 para enjuiciarlo 

No obstante las consideraciones legales, la solicitud contra Eugenio Hernández fue aprobada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, quien firmó el acuerdo el 2 de marzo de 2018 y lo hizo público 14 días después mediante comunicado oficial y notificación en prisión al imputado. 

En el acuerdo de extradición, la Cancillería solo aprobó el cargo por asociación delictuosa para cometer lavado de dinero y desechó los ilícitos de operación de un negocio de envíos de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.

“Esta Secretaría informa que al momento de analizar y resolver sobre una solicitud de extradición, no prejuzga respecto de la culpabilidad o inocencia de un reclamado en la comisión de los delitos que se le atribuyen, dado que el procedimiento de extradición es un procedimiento administrativo”, especificó en la comunicación oficial.

Documentos consultados en el Consejo de la Judicatura Federal muestran la férrea oposición a la extradición, que a partir de abril de 2018 tiene el objetivo de llevar a revisión el acuerdo de extradición firmado en el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

La resolución emitida por el Tribunal Colegiado considera que la SCJN debe analizar y resolver los señalamientos de inconstitucionalidad en el artículo uno de la Ley de Extradición Internacional, y tres y trece del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.

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