Carlos Manuel Juárez
En una audiencia de media hora en Houston, el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró culpable del conspiración para lavado de dinero. El gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo de culpabilidad y desestimó cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión, fraude bancario, entre otros.
Yarrington Ruvalcaba aceptó que recibió más de 3,500,000 de dólares en sobornos de parte de personas particulares y de compañías privadas en México a cambio de facilitar negocios durante su mandato de 1999 a 2005. El exgobernador dijo que con el dinero compró propiedades territorio estadounidense, a través de prestanombres con el objetivo de ocultar el patrimonio y el origen ilícito del dinero.
Estados Unidos y Yarrington firmaron un acuerdo de culpabilidad, donde el político priista reconoce la responsabilidad, permite que el cargo de sentencia sea lavado de dinero y se compromete a no apelar su sentencia. Cabe la posibilidad de que se le retire la visa para ingresar, tras su libertad, de manera legal a Estados Unidos.
En la audiencia realizada en la sala 3A Houston, el gobierno recomendó la sentencia más baja, aunque habló de un periodo que va de 108 y 135 meses, o de ocho a 11 años. Asimismo, puso en consideración que se confisque una propiedad del político en Puerto Isabel, Texas.
Ell juez tiene la capacidad de emitir una pena que supere las condiciones del documento pactado; la sentencia máxima es de 20 años. Al respecto, se pidió contar los 377 días que pasó en cárcel desde su detención en Italia hasta su extradición a los Estados Unidos.
Yarrington Ruvalcaba enfrentaba 11 cargos, de los cuales 10 se desestimaron vía el acuerdo. El gobierno “perdonó” los delitos de conspiración RICO; conspiración a la importación de cocaína y marihuana; conspiración a lavado de instrumentos monetarios; proveer declaraciones falsas a instituciones bancarias; conspiración a cometer fraude bancario; fraude bancario y conspiración a no reportar transacciones.
La jueza de la Corte del Sur de Texas, Hilda G. Tagle, indicó que el exmandatario tendrá confiscada su propiedad de Puerto Isabel o que podría pagar una multa de hasta 500,000 dólares. Igualmente, planteó la libertad supervisada de tres años tras su sentencia de cárcel y pagar una tarifa.
El abogado de Yarrington, Chris Flood, dijo que la sentencia muestra que el político no tuvo ningún vínculo con el Cártel del Golfo, de acuerdo con los delitos imputados que fueron motivo de la resolución.
La sentencia no fue programada, sin embargo, la fecha límite para entregar el reporte preliminar de los hallazgos que formará parte de la fase de sentencia es el 18 de agosto de 2021.
Un punto importante del acuerdo fue la orden de poner candado al expediente y al juicio contra el exgobernador de Tamaulipas. La decisión impedirá conocer cualquier dato del proceso; esta es una acción similar a la realizada en el caso contra el capo Osiel Cárdenas Guillén.
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