Victoria, Tamaulipas.— La Auditoría Superior del Estado mantiene abiertas 70 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por un presunto daño al erario que rebasa los 3 mil millones de pesos, en expedientes que alcanzan a ayuntamientos, organismos operadores del agua, dependencias estatales y otros entes públicos. De ese total, apenas cuatro carpetas han sido concluidas, cinco fueron judicializadas y el resto sigue en investigación inicial.
La cifra reportada este 17 de marzo por Expreso ubica el monto bajo investigación en 3 mil 096 millones 383 mil 344.45 pesos, además de un expediente por 672 mil 413.31 dólares. En una nota previa, el mismo medio había informado que la bolsa acumulada rondaba los 3 mil 108 millones de pesos, derivada de cuentas públicas revisadas desde 2017. La variación responde al corte y desglose de los expedientes referidos en cada publicación.
Entre los expedientes con mayor monto aparecen la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas por hechos vinculados al ejercicio 2016, con mil 114 millones 154 mil 857.03 pesos, y la Comapa Zona Conurbada, con una carpeta por mil 006 millones 016 mil 208.61 pesos. También figuran la Comapa de Guerrero con 2 mil 110 millones 888 mil pesos, la Comapa de Camargo con mil 723 millones 475 mil 10 pesos y la Comapa de Abasolo con mil 430 millones 659.33 pesos, todas en fase de investigación inicial, según el desglose publicado este martes.
La ruta no se agota en lo penal. La propia Auditoría también ha promovido 18 expedientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa por un monto conjunto de 12 millones 739 mil 320.05 pesos. En enero, el auditor superior Francisco Noriega Orozco sostuvo que el órgano estaba utilizando medidas de presión para obligar a los entes a entregar información y cumplir con sus obligaciones. “Estamos utilizando todas las herramientas que nos da la ley para presionar a los responsables y que presenten la información en tiempo y forma. Detectamos que existía una práctica reiterada de no entregar información”, declaró.
Ese endurecimiento ha venido acompañado de sanciones económicas. A finales de enero, la Auditoría reportó 93 multas a funcionarios por omisiones en la entrega de información financiera, con un monto total de 3 millones de pesos. En ese momento también se dio a conocer que el universo bajo observación alcanzaba a cerca de 190 entes, de los cuales derivaban las 70 denuncias penales y los procedimientos administrativos.
En paralelo, el Congreso local abrió la revisión de las cuentas públicas más recientes. El 3 de marzo, el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, lanzó un mensaje de advertencia a los municipios. “El llamado es claro: no podemos jugar con el dinero del pueblo. Tiene que haber orden y tiene que haber transparencia. Es por ley que se deben comprobar los gastos y fundamentarlos correctamente”, dijo. En esa misma declaración añadió: “Si algo está mal, tendrán la oportunidad de solventarlo; la ley es clara. Si no hacen bien las cosas, puede haber consecuencias administrativas e incluso penales”.
El contexto inmediato también incluye una revisión más amplia de las finanzas públicas. En diciembre de 2025, durante la presentación del plan de trabajo 2026, la Auditoría advirtió ante el Congreso sobre un presunto faltante cercano a 10 mil millones de pesos en cuentas públicas de 2021, 2022 y 2023, además de 180 cuentas reprobadas. En esa comparecencia, Noriega Orozco pidió una reforma legal con “mano dura” para elevar multas y castigar reincidencias.
Con ese antecedente, el dato de los más de 3 mil millones de pesos hoy bajo investigación no aparece como un episodio aislado, sino como parte de una ruta más amplia de fiscalización, rezago y judicialización que sigue abierta en Tamaulipas. Por ahora, el saldo procesal es claro: 70 denuncias presentadas, cinco judicializadas, cuatro concluidas y decenas de expedientes todavía en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
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