Victoria, Tamaulipas.— La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) suspendió 14 centros de rehabilitación para personas con adicciones, conocidos como “anexos”, tras detectar irregularidades durante inspecciones realizadas en lo que va del año.
El comisionado de Coepris, Mario Rebolledo Urcadiz, informó que en Tamaulipas tienen identificados 50 anexos y que 48 ya fueron revisados en 2026 como parte de un programa de supervisión. En esas visitas, dijo, se han encontrado problemas que van más allá de la infraestructura: “Lo que más encontramos es el ingreso forzado, malos tratos dentro de los establecimientos y falta de higiene en general”, declaró.
Las suspensiones se han concentrado en Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria, municipios con mayor número de centros de este tipo, según el reporte. Además del ingreso forzado y el hacinamiento, se han documentado condiciones de higiene deficientes y denuncias de maltrato en el funcionamiento interno.
El gobierno estatal instaló en febrero una Mesa Interinstitucional para la regularización de estos centros y anunció un Programa Estatal de Regularización de Centros de Rehabilitación de Adicciones 2026–2028, con participación de instancias de salud y coordinación con la Secretaría General de Gobierno. La estrategia plantea un esquema de acompañamiento, capacitación y clasificación de riesgo, con el objetivo de que los centros operen con permisos sanitarios y estándares mínimos, y de reducir prácticas que vulneren derechos de las personas internadas.
En el caso de las suspensiones, Coepris señaló que las inspecciones buscan detectar irregularidades, pero también acercarse a los establecimientos para orientar procesos de licenciamiento y cumplimiento. “Nos estamos acercando a ellos para apoyarlos en el licenciamiento, permisos y todo lo que debe cumplir un centro de rehabilitación de esta naturaleza, para evitar problemas de maltrato o violaciones a los derechos humanos”, agregó Rebolledo.
La autoridad sanitaria indicó que la supervisión se mantendrá de forma permanente. Los centros suspendidos deberán acreditar condiciones sanitarias y de operación para retomar actividades, en un contexto donde los anexos han crecido como opción de internamiento frente a la crisis de adicciones, pero con un historial de operación desigual y, en algunos casos, fuera de regulación.
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