Nuevo Laredo, Tamaulipas.— Empresarios del autotransporte afiliados a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) —entre ellos delegados de Tamaulipas— denunciaron presuntos actos de extorsión y abusos atribuidos a corporaciones de tránsito municipal en el área metropolitana de Monterrey, así como cobros considerados desproporcionados en servicios de grúas y corralones. En su pronunciamiento público, ubicaron los principales señalamientos en San Pedro Garza García, García y Ciénega de Flores.
Los transportistas afirmaron que el mecanismo se repite: la amenaza de remisión a corralón mediante grúa para presionar el pago de dinero y resolver en el sitio supuestas infracciones. En el documento leído durante la conferencia, acusaron “abusos sistemáticos y actos de extorsión” y sostuvieron que los agentes se respaldan en reglamentos municipales que, a decir de la organización, contravienen el marco estatal al usar la grúa como sanción en supuestos “excesivos”.
Como ejemplo, describieron el caso de un empresario cuyo operador —según la versión expuesta— se negó a entregar 20 mil pesos solicitados por un agente de tránsito de San Pedro; después, el tráiler fue enviado a un corralón en Santa Catarina con una grúa que, aseguraron, no era la adecuada para ese tipo de remolque. La unidad resultó dañada y, al corte de su denuncia, seguía retenida, con pérdidas acumuladas que estimaron en más de 1.4 millones de pesos.
También presentaron otro caso en Escobedo: tras una infracción por daño a una luminaria, el empresario dijo haber pagado la multa y, aun así, el servicio de grúa y corralón pretendía cobrarle hasta 500 mil pesos (monto que, según el relato, se redujo casi a la mitad). En una versión más detallada del mismo episodio, se refirió una multa de 120 mil pesos y un cobro adicional por arrastre y resguardo que llegó a 552 mil pesos, de los cuales el afectado terminó pagando 270 mil.
Además del componente de tránsito, Conatram colocó el foco sobre los concesionarios de grúas y corralones. En su exposición hablaron de “anarquía” y tarifas que se disparan en pocos días, cobros por maniobras que, sostuvieron, ni siquiera se realizan y riesgos adicionales mientras las unidades permanecen bajo resguardo, como robo de diésel o desmantelamiento de piezas.
Diego Bolio, vicepresidente nacional de grúas de la Conatram, sostuvo que el problema ya está impactando rutas: dijo que hay empresas que evitan circular por Nuevo León por el “acoso” y las pérdidas que, señaló, se trasladan a clientes y a cadenas de suministro, al mantener detenidos insumos y productos con afectación a decenas de industrias, además del riesgo cuando se trata de carga perecedera.
En la misma conferencia, los transportistas añadieron señalamientos por presuntas revisiones y detenciones arbitrarias en operativos atribuibles a la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, y pidieron una mesa de trabajo para establecer mecanismos de supervisión, coordinación y control. Entre sus exigencias, plantearon que se vuelva obligatorio el uso de terminales electrónicas para el pago de multas, cámaras durante operativos y reglas más claras sobre cuándo procede —y cuándo no— el uso de grúas.
Tras los señalamientos, el Municipio de San Pedro Garza García informó que puso a disposición de la Fiscalía estatal a dos elementos de Policía Vial vinculados a un presunto intento de extorsión contra un trailero, de acuerdo con lo declarado por el secretario de Seguridad municipal, José Luis David Kuri.
El conflicto ocurre en un terreno donde conviven reglas municipales, disposiciones estatales y, en el caso del autotransporte federal, lineamientos federales. La SICT mantiene un tabulador/base tarifaria para servicios de arrastre, salvamento y depósito en el autotransporte federal, con consulta pública en línea.
En el ámbito estatal, el Congreso de Nuevo León mantiene vigente la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial, cuya última reforma publicada está fechada en 14 de noviembre de 2025, marco que Conatram invocó en su posicionamiento al acusar contradicciones con reglamentos de tránsito municipales.
Los representantes señalaron que, después de movilizaciones previas, en varios municipios metropolitanos se han abierto canales de atención y diálogo, pero insistieron en que el foco de denuncias se mantiene en San Pedro, García y Ciénega de Flores, donde —según su dicho— continúan los cobros indebidos y la presión con grúas y corralones.
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