Victoria, Tamaulipas.— La Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que informe, de manera detallada, qué acciones ha emprendido frente a los incidentes asociados a la operación de SpaceX en la franja fronteriza con Texas, y cuáles han sido las medidas de atención y mitigación por los residuos localizados en el litoral tamaulipeco, con énfasis en Playa Bagdad, Matamoros.
El llamado plantea que, por la cercanía geográfica de la infraestructura de lanzamientos en Boca Chica–Brownsville, las pruebas y operaciones de la empresa tienen impacto directo en el norte del estado, tanto por la llegada de fragmentos y materiales como por los riesgos ambientales y de seguridad para comunidades costeras.
En el acuerdo, los legisladores demandan información “precisa” y verificable sobre los riesgos, el monitoreo y las medidas aplicadas por la autoridad federal, que es la competente para evaluar impactos y, en su caso, sancionar.
El exhorto se coloca sobre un antecedente concreto: el 18 de junio de 2025, durante una prueba de la nave Starship en Boca Chica, se registró una explosión que derivó en la caída de fragmentos y materiales asociados en playas de Tamaulipas. Entre lo recuperado se describieron piezas metálicas y tanques de gran tamaño, lo que detonó operativos de recolección y análisis por autoridades ambientales.
Tras ese episodio, el gobierno federal reconoció una revisión por posible contaminación y abrió la puerta a acciones legales dentro del marco internacional. En una postura pública posterior, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de una revisión general para determinar qué normas internacionales podrían estar involucradas y definir el curso de acción frente a la empresa.
En Tamaulipas, autoridades estatales reportaron recorridos de supervisión en la margen del río Bravo y zona costera, además de reuniones interinstitucionales con Semarnat, Profepa, Conagua y Marina, entre otras instancias, para evaluar posibles impactos y el manejo de residuos. En esa revisión se indicó que parte del material ya había sido recolectado y que los restos recuperados quedarían bajo resguardo municipal para su análisis en laboratorio.
El tema escaló también por el tipo de piezas localizadas: en reportes de campo se describieron tanques y componentes con advertencias de no manipulación por riesgos de inflamabilidad y posibles quemaduras.
A la par, organizaciones civiles documentaron recolecciones de residuos y alertaron sobre el riesgo para fauna marina y, en particular, para especies que utilizan playas tamaulipecas como zona de anidación.
En julio de 2025, ya con el caso en la agenda binacional, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, informó que se revisaba el tema con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), bajo un esquema de coordinación sobre permisos, impactos y atención de incidentes, mientras se preparaba un informe sobre afectaciones vinculadas a los lanzamientos.
Ahora, el Congreso local busca que la autoridad federal ponga en blanco y negro el estado real del expediente: qué inspecciones se realizaron, qué resultados arrojaron las muestras, qué medidas se ordenaron a la empresa, qué sanciones proceden —si las hay— y qué protocolos de monitoreo y prevención están vigentes para evitar nuevos impactos en costas del Golfo.
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