Victoria, Tamaulipas.— La Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas aprobó un dictamen para reformar el régimen de pensiones del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), con el argumento de que, de mantenerse el modelo actual, la reserva del fondo se agotaría en 2031.
La reforma —planteada desde el Ejecutivo estatal, de acuerdo con la exposición difundida— propone homologar la edad de jubilación a 65 años, además de ampliar el salario de cotización (la base sobre la cual se calcula cuánto aportan trabajadores y entes públicos) e incrementar gradualmente las aportaciones patronales hasta 27%. El dictamen fue aprobado con dispensa de trámite y se perfila para discutirse en una sesión extraordinaria.
Hoy, la Ley del IPSSET establece que las entidades públicas aportan 21.5% del salario base y que las cuotas del trabajador equivalen a 10.5%.
En documentos institucionales del propio Gobierno estatal se describe que el esquema vigente es un régimen de beneficio definido que descansa en variables como aportaciones, edades y sueldo regulador para sostener su viabilidad.
Sin embargo, el diagnóstico que acompaña la reforma parte de un choque estructural: más años de pago de pensión por mayor esperanza de vida, menos presión de nuevos cotizantes y un diseño que, según el dictamen, ya no alcanza para financiar obligaciones crecientes.
El corazón del ajuste está en qué cuenta como ingreso pensionable. La propuesta mantiene la tasa del trabajador (10.5%), pero amplía la base al integrar prestaciones que hoy suelen pagarse fuera del salario base —como despensa, quinquenio y compensaciones—, elevando la aportación efectiva sin “mover” el porcentaje nominal. Para evitar un impacto inmediato en el bolsillo, se plantea una integración gradual de esas prestaciones al salario de cotización con incrementos anuales hasta completar la base integrada.
Del lado patronal, el dictamen plantea que la aportación adicional ligada a esas prestaciones arranque y crezca de forma escalonada hasta alcanzar el 27% (y que, para nuevos ingresos, se aplique esa tasa sobre el salario de cotización). Además, incorpora un punto que suele ser políticamente sensible: aportar también sobre el aguinaldo, para que ese beneficio —que el Instituto paga a pensionados— tenga fondeo explícito desde la etapa activa.
Para nuevos trabajadores, la reforma endurece parámetros: fija 65 años como edad mínima y reduce la jubilación de referencia a 90% del salario regulador, frente al 100% que hoy se reconoce en el diseño vigente para ciertos supuestos. También cambia el cálculo del salario regulador: para nuevas generaciones, el promedio se haría con los últimos 10 años (actualizados por inflación), un candado dirigido a frenar incrementos abruptos al final de la carrera laboral que inflan pensiones de por vida.
El dictamen sostiene que no se tocarían derechos adquiridos: quienes ya están en activo conservarían reglas de edad y porcentajes, y los pensionados actuales no verían modificadas sus condiciones. En la proyección financiera citada, el rediseño reduciría el pasivo actuarial en alrededor de 13 mil 800 millones de pesos en el mediano y largo plazo, a cambio de un mayor costo al inicio por el periodo de transición.
También te puede interesar: Desfalco al IPSSET arrastra déficit millonario
