Un operativo de restitución judicial realizado en la colonia irregular 23 de Marzo terminó en un violento enfrentamiento entre habitantes y fuerzas estatales. El saldo: al menos cuatro personas lesionadas, cinco detenidas, bloqueo de calles y daños a vehículos oficiales y civiles.
La orden judicial, emitida el lunes 29 de septiembre por el juez de Control de la Quinta Región, Ariel de Luna Casados, instruyó devolver el predio a Gregoria Vázquez Pérez, viuda de Raúl García, señalado como propietario legítimo.
“…por ende deberá devolvérsele la posesión bajo reserva de ley del predio en cita a la señora Gregoria Vázquez Pérez”, estableció el juez en la resolución.
La instrucción fue girada al Ministerio Público, bajo responsabilidad del agente Delfino Morales Villanueva, quien acudió al lugar acompañado de personal ministerial, Guardia Estatal y maquinaria pesada de la empresa constructora Martínez.
Desde la madrugada, autoridades y maquinaria se desplegaron sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, en el oriente de Reynosa, antes del puente internacional Pharr. Al intentar ingresar al predio, se toparon con una valla humana de mujeres, jóvenes y padres de familia que se resistieron al desalojo.
Las tensiones escalaron cuando un grupo de jóvenes lanzó piedras contra la Guardia Estatal. El fiscal solicitó refuerzos y un contingente antimotines avanzó con escudos bajo una lluvia de objetos. Se escucharon disparos de salva y se realizaron detenciones inmediatas.
Mientras tanto, mujeres gritaban y niños lloraban mientras trataban de recuperar pertenencias antes de que la maquinaria comenzara a derribar las viviendas. A las 11:00 horas, la constructora finalmente pudo ingresar y tumbar bardas y casas de lámina y bloques.
El presidente de la colonia, Eugenio Vázquez Ramírez, reprochó que no hubiera diálogo previo.
“Tenemos diez años aquí y porque ahora que estamos en tratos con el INSUS (Instituto Nacional de Suelo Sustentable) para regularizar nos quieren sacar sin un diálogo”, declaró.
Mostró a las autoridades una carta que, afirmó, le fue entregada por Heraldo Emanuel Torres Flores, delegado del INSUS en Tamaulipas, donde se planteaban gestiones para regularizar el terreno. Su argumento no fue aceptado y la ejecución de la orden judicial continuó.
Entre llantos, una ama de casa reclamó: “tenemos 11 años viviendo aquí, nos tocó rellenar todo, era un fango, un pozo, con nuestras manos arreglamos todo, levantamos nuestras casitas, no nos pueden despojar así nada más, no tengo dónde vivir, que nos ayude la Claudia (Sheinbaum)”.
Otro colono, Miguel Ángel Gracia, cuestionó las contradicciones gubernamentales: “Tenemos luz, la Comisión (CFE) nos reconoce, el gobierno municipal nos trae agua, nos pavimentó, el INE nos dio credencial de elector, aquí hay elecciones y hay casilla, hay una escuela pública, porque nos prometieron y ahora no nos escuchan”.
La colonia 23 de Marzo se formó en 2014, cuando alrededor de 300 familias ocuparon un terreno baldío y comenzaron a construir viviendas improvisadas. En los últimos años, recibieron algunos servicios básicos e incluso levantaron una escuela, lo que reforzó la percepción de que su situación sería regularizada.
La intervención del INSUS, que impulsa programas de incorporación de asentamientos irregulares, había generado expectativas de legalización. Sin embargo, la disputa legal por la propiedad del terreno culminó en la restitución a la heredera, dejando en el limbo a las familias desalojadas.
El episodio abre nuevamente el debate sobre la regularización de colonias irregulares en Tamaulipas, donde miles de familias enfrentan el dilema de habitar terrenos sin certeza jurídica, pero con servicios públicos otorgados por distintos niveles de gobierno.
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