La Fiscalía Estatal Anticorrupción de Tamaulipas inició una investigación robusta contra el exgobernador Egidio Torre Cantú, por presunto fraude y desvío de cuotas retenidas a trabajadores estatales durante su administración (2011–2016) en el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado (IPSSET).
El fiscal anticorrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que el expediente se encuentra muy avanzado. La fiscalía analiza el posible involucramiento de Torre Cantú, ex secretarios y directores de organismos vinculados al manejo financiero del IPSSET durante el sexenio señalado.
Las denuncias fueron presentadas por tres entidades: el IPSSET, la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas y la Auditoría Superior del Estado, que documentaron fallas en el entero de recursos correspondientes a pensiones, servicios médicos, ahorros y créditos de trabajadores.
Uno de los exfuncionarios señalados es Jorge Abrego Adame, exsecretario de Finanzas del gobierno de Torre Cantú, aunque el procedimiento no excluye otros servidores públicos que pudieran haber incurrido en faltas.
“Estamos analizando cuál es la posible responsabilidad que pudieran tener todos los niveles de servidores públicos”, precisó el fiscal Govea Orozco.
Magnitud del presunto desfalco de Egidio
La Fiscalía analiza un presunto desfalco de 2,500 millones de pesos, por cuotas no enteradas entre 2010 y 2016, según los reportes oficiales.
La actual administración firmó en 2021 un convenio para cubrir adeudos, mediante abonos mensuales de 26 millones de pesos, con vigencia hasta 2029.
El caso presenta retos institucionales. Cambios frecuentes en el Ministerio Público han impedido la judicialización definitiva del expediente, aunque la Fiscalía asegura que avanza con un enfoque técnico, sin sesgos políticos.
“Corresponderá a la Fiscalía y a la autoridad competente determinar a los responsables”, detalló la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou García.
El IPSSET administra las aportaciones de miles de trabajadores estatales. Un déficit presupuestal de más de 2,000 millones derivados de cuotas retenidas sin enterar provocó múltiples riesgos al fondo de pensiones.
Durante el tercer informe de gobierno del gobernador Américo Villarreal Anaya, se resaltó la urgencia de reformar la ley del IPSSET para garantizar su viabilidad financiera.
Tamaulipas cuenta con más de 10,400 pensionados y otorga pagos mensuales superiores a los 150 millones de pesos, según cifras oficiales.
El posible fraude al IPSSET representa una de las denuncias más graves de desfalco en la historia reciente del estado, pues involucra derechos laborales y recursos de miles de trabajadores.
Mientras el proceso continúa, la Fiscalía tiene cinco meses para integrar la investigación, establecer responsabilidades e iniciar la judicialización o el archivo del caso.
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