Tres funcionarios federales del puerto y la aduana de Tampico fueron destituidos tras el decomiso histórico de al menos 10 millones de litros de combustible ilegal en marzo pasado. Uno de ellos, Francisco Javier Antonio Martínez, exdirector de Administración y Finanzas de la ASIPONA (Administración del Sistema Portuario Nacional) de Tampico, fue señalado por presuntos vínculos empresariales con los dueños de la compañía responsable de la importación irregular.
La remoción de Martínez ocurrió el 2 de mayo, cuatro días después de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelara que el funcionario era socio de los accionistas de Intanza, empresa que simuló importar “aditivos” para ocultar un cargamento de diésel.
Fuentes federales confirmaron que Martínez ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la República y es sujeto de investigación junto con otros funcionarios de la ASIPONA y la aduana.
El caso ha escalado por las inconsistencias en la declaración patrimonial de Martínez, quien omitió reportar su participación en la empresa Belure, vinculada a los accionistas de Intanza. En cambio, reportó ingresos por una taquería y un taller mecánico y una colección de 18 vehículos, entre ellos autos clásicos, camionetas de lujo y motocicletas Harley-Davidson.
Además de Martínez, también fue separado de su cargo Hugo Alonso Rodríguez Aguilar, subgerente de Protección Portuaria de la ASIPONA, dependencia que opera bajo la Secretaría de Marina. Y previamente, en abril, fue removido el administrador de la aduana de Tampico, el contralmirante retirado Luis Jorge Goicochea Sotomayor, quien apenas llevaba tres meses en el cargo. Fue reemplazado por Antonio Morales Hernández.
Una operación con combustible disfrazado
El decomiso del combustible se realizó luego de que el buque Challenge Procyon, procedente de Beaumont, Texas, atracara en el puerto de Tampico con 20 millones de litros de diésel, de los cuales sólo 10 millones fueron asegurados oficialmente por la Marina, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por MCCI. Hasta ahora, no hay claridad sobre el destino del resto de la carga.
El operativo fue calificado como el mayor decomiso de huachicol en la historia de México por autoridades federales. Sin embargo, el caso ha derivado en cuestionamientos sobre posibles complicidades al interior del aparato estatal y la falta de mecanismos eficaces de vigilancia aduanera.
La empresa Intanza, según los juicios de amparo que promovió tras el decomiso, alegó que el cargamento eran “aditivos”, aunque investigaciones de la Marina desmintieron dicha versión y comprobaron que se trataba de diésel puro, sin documentación fiscal válida.
Este escándalo se suma a otros casos recientes que evidencian la vulnerabilidad de los puertos y aduanas del país frente a redes de contrabando de hidrocarburos, así como a la falta de controles para detectar conflictos de interés y enriquecimiento ilícito en mandos intermedios y altos funcionarios.
La Secretaría de Marina, encargada de la operación portuaria desde 2021, ha evitado pronunciarse públicamente sobre la posible complicidad interna en el caso de Tampico, mientras que la Secretaría de la Función Pública tampoco ha informado si abrirá una investigación adicional sobre las omisiones patrimoniales detectadas.
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