Carlos Manuel Juárez / Elefante Blanco
“Nosotros vamos a acatar lo que digan los jueces y ahí va decir el juez quién tiene la razón, si nosotros o ellos, y después vamos a seguir trabajando”, afirmó el diputado morenista, Humberto Prieto Herrera, sobre la separación provisional de Raúl Ramírez Castañeda en la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas (FECCT).
A pregunta directa sobre la acusación contra él hecha por la defensa del fiscal suspendido y los abogados del Partido Acción Nacional (PAN) por no acatar un ordenamiento judicial, el legislador por Reynosa dijo:
“Ya tenemos conocimiento de ese recurso que presentó el señor, y nosotros nos estamos defiendo. Sigo insistiendo que la ley es de interpretarse y creemos que tenemos la razón, sin embargo vamos a esperar a que se pronuncie el juez”.
El viernes 22 de septiembre, la Diputación permanente del Congreso de Tamaulipas aprobó un punto de acuerdo para separar provisionalmente del puesto a Raúl Ramírez. El grupo parlamentario de Morena, quien aprobó por mayoría, explicó que la decisión se justifica en que el abogado no cumple con los requisitos de elegibilidad, ya que reprobó los exámenes de control y confianza. Empero, dos semanas antes, la juez octavo de Distrito, Adriana Yolanda Vega Marroquín, había concedido una suspensión provisional contra la separación del funcionario.
Ante las varias acciones judiciales, Humberto Prieto atajó el señalamiento de ocultar la sesión donde se votó la separación, hecha por los asesores jurídicos panistas, Eddie Varón Levy y Julián Coronado Mendoza.
“Me impresiona su ignorancia porque ellos saben que la parte reservada de la sesión es a causa de un amparo que había por parte del licenciado Raúl que no nos permitía hacer público nada. Me impresiona que siempre quieren tergiversar la información, quieren confundir a la gente. Todo está hecho con base en la ley, con el debido procedimiento que pide el Congreso”, expresó.
El Comité Directivo Estatal del PAN interpuso una denuncia contra las y los legiladores morenistas: Úrsula Patricia Salazar Mojica, Casandra de los Santos Flores, Eliphaleth Gómez Lozano, José Alberto Granados Favila, Consuelo Nayeli Lara Monroy, Gabriela Regalado Fuentes y Humberto Prieto Herrera.
En el mismo documento responsabilizó al secretario general y al director administrativo del Congreso, Juan Lorenzo Ochoa y Adolfo Antonio Pastor Paz, respectivamente, por ejecutar la toma de las oficinas de la Fiscalía anticorrupción. Y, en último término, culpó a Jesús Eduardo Govea por usurpación de funciones, ya que fue nombrado encargado de la dependencia.
