UTA, en la mira de la Fiscalía

Isaac Rebaj y directivos de la UTA. Crédito: Conalep Nuevo León

Catalejos

Opinión por Miguel Domínguez Flores

Una bomba de tiempo está a punto de estallar en la Universidad Tecnológica de Altamira. Debido a las serias irregularidades financieras detectadas por la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió una investigación formal, y todas las miradas apuntan a su rector, Isaac Rebaj Sevcovicius.

La indagatoria va tan en serio que ocho empleados de la Universidad están citados para declarar esta semana en calidad de testigos por los presuntos ilícitos cometidos al interior de la institución.

El informe individual entregado por la ASE a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, da cuenta del desaseo con el que se han manejado las finanzas de la universidad, cuyos ingresos (92 millones de pesos en el ejercicio fiscal del 2020) provienen tanto del Gobierno del Estado como del Gobierno Federal, porque depende del Sistema Estatal Educativo, pero al mismo tiempo pertenece al Sistema de Universidades Tecnológicas de México.

El documento apunta más de 27 millones de pesos que fueron gastados de manera irregular, y los cuales no han podido justificarse. De entrada, hay 23.2 millones de pesos pendientes de comprobar debido a que una supuesta modificación al presupuesto de egresos fue aprobada en una sesión extraordinaria, cuya acta no cuenta con la firma de la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo.

Pero lo más sospechoso, y lo que prendió las alarmas en la Auditoría y después en la Fiscalía, es la manera en la que se otorgaron contratos de arrendamiento o adquisición de productos y servicios.

El informe concluye que en una buena cantidad de contrataciones “no acreditó con evidencia documental la realización de los procedimientos”; además se detectaron adquisiciones formalizadas antes de que el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales emitiera la resolución de la adjudicación.

Hay incluso, servicios y productos adquiridos sin que se haya presentado contrato alguno. Por estas irregularidades, se contabiliza un daño al erario de 4.3 millones de pesos.

El 2 de diciembre del 2021, la Auditoría giró el oficio ASE/AEGE/0542/2021 para citar a los responsables de la Universidad a una reunión que se celebró el 15 de diciembre.

Tras este encuentro, se determinó que seguían sin justificarse las observaciones relacionadas con el presupuesto y con la contratación, por lo que el dictamen se presentó el 18 de febrero y le dieron 30 días al Rector Rebaj para que aclarara lo que considerara pertinente.

Como no hubo ninguna justificación válida, el dictamen pasó a manos de la Fiscalía Anticorrupción que a partir de hoy empezará las entrevistas a los testigos, como parte de la carpeta de investigación.

Desde hace tiempo, hay una creciente inconformidad al interior de la Universidad contra Isaac Rebaj Sevcovicius, eterno ex candidato a diferentes puestos de elección popular en Altamira.

Por ejemplo, la Jefa del Departamento de Servicios Administrativos también presentó denuncias formales en las que aseguró que el Rector la ha presionado para pagar salarios y prestaciones de nivel directivo a personas que no cuentan con nombramientos, o a realizar compras sin cumplir con los requisitos que exige la ley.

Esos testimonios formarán parte de la indagatoria que, de entrada, muy pronto podría modificar el organigrama de la Universidad.

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