Nunca más
Por Jacobo Dayán
El caso más reciente en que la autoridad se asume como la única autorizada para definir la memoria en el espacio público es el anuncio del gobierno de la Ciudad de México de la remoción de la estatua de Colón y la colocación de una pieza llamada “Tlali”.
Más allá de si se está de acuerdo con la remoción de Colón o no, o si se está de acuerdo con la nueva escultura y las formas de asignación del proyecto; hay una reflexión más profunda que se debe hacer.
Las y los gobernantes siguen actuando como si la memoria histórica plasmada en el espacio público fuera únicamente su responsabilidad. En sociedades y países maduros se realizan largos y serios procesos de discusión y reflexión colectiva. En países donde se pretende controlar la narrativa histórica, sus símbolos y la memoria colectiva, estás se imponen desde la voluntad de quienes gobiernan.
Es una práctica común en países como México. Las autoridades de los tres niveles de gobierno deciden, basados en su propia ideología, el arte público y los nombres de calles, colonias, presas, aeropuertos, escuelas públicas y cualquier otro. Van un par de ejemplos.
En días recientes, Nataly García, alcaldesa electa de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, sugirió cambiar el nombre del municipio. Tiene razón, hace todo el sentido. En una página del gobierno de Tamaulipas se explica que el “antiguo San Miguel de Camargo, se convierte por decreto No. 261 del Gobierno del Estado publicado el 20 de marzo de 1968, en el municipio No. 43 del Estado de Tamaulipas, llevando como nombre el de Gustavo Díaz Ordaz que en esa fecha era presidente de México”. En nuestro país no debería haber ni municipios, ni escuelas, ni nada de nombre Gustavo Díaz Ordaz. Es inadmisible mantener en el espacio público el nombre de criminales y otros símbolos del pasado y presente autoritario y violento.
Hace casi una década, el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México decidió colocar la estatua de Heydar Aliyev en Reforma. El expresidente de Azerbaiyán, con un historial negro en materia de derechos humanos, tenía presencia en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Solo después de presión sostenida que varios generamos desde la sociedad y los medios fue que se tomó la decisión de remover la estatua.
Aunque resulte obvio parece que hay que reiterarlo y pelearlo. La memoria colectiva en el espacio público debe ser construida en colectivo. Consultas a profesionales, discusiones públicas, participación de los medios, convocatorias, concursos, comités independientes y no desde el poder de manera unilateral.
Las sociedades se transforman y de la misma manera su lectura del pasado. Lo que fue memoria colectiva impuesta o aceptada en un tiempo, puede no serlo hoy. Lo que fueron, y al parecer pretenden que siga siendo, decisiones autoritarias de la memoria no son aceptables en sociedades democráticas y en evolución. De allí que veamos que en varios países se retiran estatuas, banderas, nombres de calles y otros símbolos que hoy no conforman la memoria colectiva que se desea preservar.
No es solo el caso reciente de la Ciudad de México. De nuevo, esto no puede estar sujeto a la voluntad y visión de la autoridad. Solo gobiernos autoritarios definen la “única y verdadera” memoria colectiva. En sociedades maduras esto es parte de la cultura social y política. En países como México tendría que ser llevado a ley y mantener la presión desde la sociedad y los medios.
