Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas investiga a 38 mujeres por abortar. Del 1 de enero al 31 de agosto de 2025, la dependencia abrió carpetas de investigación derivada de denuncias por interrupciones del embarazo.
Las cantidades mensuales reportadas son: tres en enero, cuatro en febrero, tres en marzo, cuatro en abril, seis en mayo, siete en junio, seis en julio y cinco en agosto. Comparado con el mismo periodo de 2024, cuando se habían iniciado 45 denuncias, hay un descenso aproximado del 15 %.
El artículo de Milenio lo resume así: “de enero a agosto de este año se abrieron 38 carpetas de investigación por esta causa… Al mismo periodo del año pasado se habían abierto 45 carpetas de investigación, lo que muestra un decremento de aproximadamente un 15 % según las cifras oficiales.”
Aunque las denuncias han reducido, la práctica no ha dejado de ser investigada y tratada como un delito. La penalización persiste en Tamaulipas, que no ha modificado su código local para legalizar el aborto voluntario.
Tamaulipas se encuentra entre las entidades mexicanas que aún no han armonizado su legislación local con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al aborto. Su Código Penal establece sanciones para quien provoque un aborto voluntario, salvo en los casos permitidos por ley (riesgo de muerte para la madre, violación, o daño grave a la salud).
A nivel nacional, la SCJN ha emitido criterios que obligan a los estados a retirar penas automáticas por aborto en ciertos contextos, pero muchos congresos locales no han reformado sus códigos. En ese vacío legislativo, las mujeres siguen sujetas a procedimientos penales cuando se interpone una denuncia.
Además, en 2025 Tamaulipas también ha reportado casos particulares: por ejemplo, en periodos recientes se registraron 10 denuncias penales por aborto sólo en los primeros meses del año (enero a marzo).
“La entidad registra ya en 2025 un total de diez denuncias penales por esta causa, tipificada como un delito en el Código Penal del Estado.”
Ese dato complementa la estadística de las 38 carpetas acumuladas hasta agosto.
Un antecedente polémico: en marzo de 2024 la Fiscalía abrió carpeta de investigación contra una mujer que sufrió complicaciones luego de practicarse un aborto casero. Aunque el caso generó debate público y protesta de colectivos feministas, la investigación se mantuvo bajo la lógica penal vigente.
“La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió carpeta de investigación contra una mujer que se practicó un aborto casero… pues el aborto es considerado un delito en Tamaulipas.”
Que Tamaulipas continúe investigando abortos como delito refleja que la entidad no ha adaptado plenamente las directrices nacionales ni los cambios en jurisprudencia federal.
La reducción de denuncias puede interpretarse de varias maneras: menos abortos denunciados, mayor clandestinidad, disuasión por temor a la penalización o falta de acceso a servicios seguros.
Los talleres de derechos reproductivos, las asesorías legales y los acompañamientos de colectivos feministas juegan un papel importante para que las mujeres entiendan sus opciones y riesgos.
Aun cuando las denuncias bajen, la criminalización puede generar impactos en la salud pública: embarazos inseguros, complicaciones médicas por interrupciones mal hechas y cargas emocionales para mujeres afectadas.
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