Ciudad Madero, Tamaulipas.— Cerca de 500 millones de pesos de la administración de Adrián Oseguera Kernion continúan sin aclararse, mientras alrededor de 14 exfuncionarios municipales se encuentran amparados y no han entregado la documentación requerida, informó el contralor Ricardo Pérez Monsiváis.
“Siguen sin solventarse 500 millones de pesos, son alrededor de 14 exfuncionarios que están amparados”, declaró.
El funcionario señaló que los amparos están relacionados principalmente con los requerimientos de documentos y que la falta de información ha impedido avanzar en la solventación. La Contraloría presentó tres denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El desglose informado previamente por la dependencia municipal ubicó las observaciones en aproximadamente 481 millones de pesos: 211 millones del ejercicio 2023 y 270 millones de 2024. Se trata de recursos sujetos a aclaración ante la Auditoría Superior del Estado, provenientes de fondos municipales, estatales y federales.
Entre los asuntos denunciados está el intento de cobro de cerca de 15 millones de pesos por la limpieza de cinco lagunas. Según la Contraloría, un estudio solicitado a la Universidad Autónoma de Tamaulipas no permitió acreditar los trabajos, por lo que el Ayuntamiento sostuvo que no tenía elementos para reconocer ese pago.
Otro expediente corresponde al presunto incumplimiento de obligaciones fiscales, que habría dejado un pasivo de aproximadamente 25 millones de pesos. El tercero está relacionado con recursos en efectivo utilizados por el DIF municipal que, de acuerdo con Pérez Monsiváis, no estaban contemplados en el presupuesto.
El contralor también había informado que agentes de la Fiscalía acudieron a domicilios y establecimientos de proveedores para recabar información sobre las operaciones investigadas.
Oseguera ha rechazado que las observaciones de las auditorías acrediten un desvío de recursos. En declaraciones de mayo sobre la revisión federal de 2023, sostuvo: “Que quede bien claro: fue observación, no desviación”.
En esa ocasión aseguró que había presentado los documentos solicitados. Esa defensa se refería principalmente a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación; el pendiente reportado este noviembre por la Contraloría corresponde a la revisión estatal de dos ejercicios.
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