Catalejos
Opinión por Miguel Domínguez Flores
Al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, David Cerda Zúñiga, le llegó una nueva oportunidad para definirse.
Como era de esperarse, el PAN recurrió primero al Poder Judicial Local para tratar de echar abajo el decreto que le permitió a Morena recuperar el control de la Junta de Coordinación Política.
Los panistas promovieron una acción de inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal de Justicia. Confiados, presumieron que en no más de un mes, los magistrados resolverán la controversia a su favor.
Guste o no, los panistas comandados por el impresentable “Cachorro” Cantú, tienen motivos suficientes para alimentar ese optimismo que raya en la arrogancia: el principal es que el Pleno del Supremo está integrado casi en su totalidad por cabecistas apasionados, que nunca en su vida se hubieran imaginado ocupar una posición de ese calibre, a no ser por los servicios que prestaron a la causa del panismo durante los últimos seis años. (Igual que muchos diputados, por cierto).
Para no ir tan lejos, el cargo más relevante en el currículum del presidente del Tribunal es haber sido el fiel escudero del exgobernador.
Pero a esa lista se pueden sumar a personajes como Javier Castro Ormaechea, Mauricio Guerra o Jorge Durham, quien ya en una ocasión utilizó su investidura para suspender el fallo del Tribunal Electoral de Tamaulipas que le otorgaba a Morena el control de la Diputación permanente.
Aquella fue la manera en la que intentaron justificar el franco desacato en el que incurrió la bancada del PAN al negarse a cumplir con la determinación del Trieltam, que tiempo después fue ratificada por el Tribunal Federal.
De acuerdo a la Ley de Control Constitucional del Estado de Tamaulipas, la acción de inconstitucionalidad debe ser recibida por el Presidente del Supremo, David Cerda, quien la canalizará al Magistrado Instructor conforme al turno que corresponda.
Ese magistrado será el encargado de revisar el documento presentado por la bancada del PAN, y tomar la decisión de aceptarlo a discusión o desecharlo de plano.
Aunque la demanda fuera admitida, eso no implicaría la suspensión inmediata del decreto. El ponente tiene la facultad de llamar tanto al demandante como al representante del Congreso del Estado y del Poder Ejecutivo para que señalen lo que sea necesario.
Tras conocer los informes que rindan las partes interesadas, el magistrado instructor elaborará un proyecto de resolución -a favor de que se mantenga el decreto y por tanto permanezca la actual conformación de la Jucopo, o la derogación, que implicaría devolver la presidencia al PAN – y lo hará circular entre sus compañeros, para que se discuta y finalmente se vote.
Para que el Supremo Tribunal finalmente dicte su sentencia se necesita el voto de dos terceras partes del Pleno, una cifra que no se antoja demasiado complicada para la causa panista si, otra vez, revisamos los antecedentes partidistas de los magistrados.
En todo caso, lo que hay que hacer notar es que la ley no exige un plazo determinado para que se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad.
¿Podría el presidente del Poder Judicial, David Cerda, operar para que el asunto no llegue al Pleno con la rapidez que esperarían los demandantes y algunos de sus compañeros?
¿Se atreverá?
La pregunta viene a cuento porque este nuevo vericueto judicial y parlamentario de Tamaulipas llega en un momento en el que Morena recobra fuerza en el Legislativo, hasta llegar a rozar los 24 votos que necesita para remover a titulares de organismos autónomos, y hasta a magistrados.
Lo dicho: llegó la hora de las definiciones.
