Presidente violó normas fiscales y de protección de datos personales al difundir ingresos de periodista: especialistas

Siboney Flores / Animal Político

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, difundió este viernes cifras de ingresos anuales del periodista Carlos Loret de Mola, y al hacerlo violó normas legales de protección de datos personales y de secreto fiscal de particulares, indicaron especialistas. 

El mandatario dijo que la información se la hizo llegar “la gente”, e incluso pidió a su equipo de comunicación que expusiera en la pantalla los datos de los ingresos. Esto, a dos semanas de que el portal Latinus, donde trabaja Loret de Mola, publicara un reportaje sobre una casa en que vivió el hijo del presidente en Houston, señalando posible conflicto de interés ya que era propiedad propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex.

De entrada, refirieron especialistas, difundir los ingresos de un particular viola el artículo 16 de la Constitución, que a la letra dice que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales”.

Del mismo modo, se vulnera lo expuesto en la Ley de Protección de Datos Personales, que refiere en su artículo 6, que “el Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente”.

El derecho a la protección de los datos personales, detalla, “solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”. null

Además, al revelar los ingresos se contravino el derecho al secreto fiscal, establecido en el Código Fiscal de la Federación, y se incumplió con los artículos 57 y 68 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, al incurrir en atribuciones que no le corresponden al puesto que tiene.null

López Obrador incluso dijo que pediría al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) “que solicite al SAT, a Hacienda, para que me certifiquen los datos” del salario de Loret de Mola, siendo que el periodista no es funcionario público, y el INAI no tiene la atribución de pedir esos datos de particulares a las instancias mencionadas.

Las declaraciones del presidente se dan en un contexto de crisis de violencia contra periodistas en México. De acuerdo con Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión, 5 periodistas han sido asesinados en lo que va de 2022, y 30 en lo que va del gobierno de López Obrador, en posible relación con su labor periodística.

El crimen más reciente ocurrió justo un día antes de las declaraciones del mandatario. Se trata de Heber López Vásquez, quien radicaba en el estado de Oaxaca. Ante esta violencia, el mandatario insiste en que ya no se permite la impunidad, pero los datos muestran lo contrario.

El presidente, mencionaron especialistas consultados, no se puede respaldar de algún argumento jurídico, pues no hay alguna ley que le permita evidenciar cuánto gana una persona física que no sea servidora pública.

Diego García Ricci, profesor de derecho de la Universidad Iberoamericana y especialista en privacidad y protección de datos personales, comenta que “la única manera en la que (el presidente) hubiera podido revelar esa información sin contravenir la ley era si tenía consentimiento del periodista, o que esos datos el mismo periodista ya los hubiera revelado”.

Además de exponer al periodista, el presidente hizo una comparación de ingresos, destacando que él como funcionario público y mandatario federal gana menos que Loret de Mola.

“Me parece un tanto preocupante que esté violando un derecho fundamental para hacer este ejercicio de comparación salarial. Creo que el presidente confundió algo fundamental: que los salarios de los servidores públicos son públicos por mandato de ley, pero no los de los particulares”.

Los servidores públicos, añade Ricci, tienen por obligación hacer públicos sus ingresos porque reciben su salario gracias al erario, pero en el caso de los ciudadanos, que reciben ingresos por la vía privada, no están obligados por ley a compartir información.

Rebasa sus atribuciones e intenta intimidar 

Para el politólogo y académico del CIDE, Javier Martín Reyes, difundir la información personal de un periodista funciona como represalia, y busca intimidar. 

“No se debe de difundir en principio ningún tipo de información fiscal de personas que no reciben recursos públicos, porque además lo hace con información mínimamente verificada y es altamente probable que sea falsa.

Las mañaneras son actos públicos y oficiales de López Obrador como presidente, se pagan con recursos públicos, ahí no habla el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, habla el presidente, y cuando lo hace pues está difundiendo la información pues no solo de una persona física sino de un periodista, en el contexto está tratando de intimidar a la prensa”, comenta Reyes.

García Ricci coincide en que es un acto ilegal, para amedrentar. “Porque se está valiendo de todos los recursos del Estado para hacer esta persecución política. Lo que está haciendo es violentando la libertad de este comunicador a partir de la posición de privilegio que tiene por ser jefe de Estado”.

La dificultad de que exista una sanción 

Los especialistas consultados explican que lo ocurrido es preocupante porque en la historia reciente de México no se había visto que un presidente expusiera datos de un particular. 

“López Obrador está haciendo algo que no se puede, pero quien debe procurar esos límites y esas cuestiones es la prudencia, la ética y toda la investidura que tiene la figura presidencial”, comenta Juan José Garza Onofre, abogado y académico e investigador del IIJ-UNAM.

Aunque el presidente viole los derechos de protección de datos de un ciudadano, se trata del funcionario con mayor rango en el país y para recurrir a una sanción se tiene que someter a distintos mecanismos, que pueden tardar mucho tiempo. 

En este caso, explica Garza Onofre, no estaría en manos del Poder Judicial sino del Congreso, y tendría que pasar por distintas instancias, complicando el proceso.

Para Onofre, lo mejor sería accionar el mecanismo de protección para periodistas, mientras que para Reyes la otra opción sería presentar una denuncia por violación al secreto fiscal.

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