Redacción EB
Ante la crisis migratoria en la región del Valle del Río Grande en Texas, los condados de Hidalgo y Cameron junto con la ciudad de McAllen emprendieron en conjunto distintas acciones legales y políticas para que el gobierno de Estados Unidos atienda la situación que se cruza con la emergencia sanitaria por la Covid 19.
La periodista Valerie González reportó que el juez del condado de Hidalgo, Richard F. Cortez, firmó una declaración de desastre, donde expone que el aumento de los migrantes liberados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el alza en los casos de Covid 19, ponen un panorama que se agrava por la escasez de enfermeras en el Valle y los pocos recursos económicos.
Cortez mencionó que la declaración abre la posibilidad de asegurar partidas de dinero federales y reembolsos por los gastos erogados. “Solo tenemos dos opciones. La opción número uno es ‘cambiemos la ley’ y mientras tanto, hasta que se cambie la ley, no tenemos otra opción que solo agregar capacidad”, expresó.
El alcalde de McAllen, Javier Villalobos, firmó el lunes una declaración de desastre similar, con el mismo objetivo de atraer dinero. La autoridad estadounidense dijo que la ciudad ha gastado alrededor de 106,000 dólares en apoyo logístico al centro desde febrero.
El condado de Cameron no emitió una declaración de emergencia, pero el juez Eddie Treviño, quien es presidente de la Coalición Fronteriza de Texas, envió una solicitud de acción al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Treviño le pidió a Mayorkas que aumentará las inversiones en tecnología fronteriza, modernizará los puertos de entrada terrestres, reduzca los retrasos en los tribunales de inmigración y visas, destines inversión en Centroamérica e impulse las reformas del sistema de inmigración.
Los condados y la ciudad pidieron a la administración federal que siga aplicando el Título 42, para expulsar a los migrantes que ingresan sin documentos a territorio de Estados Unidos, con el argumento de la pandemia por el virus Sars-Cov2.
El jefe de la Patrulla Fronteriza (BP, por sus siglas inglés) del sector del Valle del Río Grande, Brian Hastings, informó que ha liberado a 100,700 migrantes este año fiscal, y 9,000 fueron liberados la semana pasada.
El miércoles pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott firmó una orden ejecutiva para prohibir que personas civiles transporten migrantes. El gobierno nacional presentó una demanda el viernes para “tirar” la intención del mandatario. Hasta ahora no ha entrado en funciones la orden, ya que la jueza de distrito estadounidense, Kathleen Cardone, resolverá el caso.
“Una de las mayores preocupaciones que tenemos es que las leyes federales y el mandato del gobernador están en conflicto. Y en lugar de tratar de sacar a la gente, es posible que nos quedemos atrapados con gente aquí si no pueden ser transportados”, dijo el alcalde de McAllen.
Aunque las autoridades estadounidense y mexicanos no lo han aceptado, la crisis migratoria se debe que el gobierno de México cerró el acceso a familias de migrantes extranjeras en la frontera entre Tamaulipas y Texas.
Una fuente de la administración federal mexicana afirmó a la periodista Valerie González del diario The Monitor reveló que recibieron la orden de impedir el paso a migrantes en familia o solas que intentaban ser regresadas bajo el argumento del decreto de salud por la pandemia de la Covid 19.
En los 15 días recientes la Patrulla Fronteriza del sector del Valle del Río Grande detuvo a 42,568 migrantes. El domingo empezó con el procesamiento de 3,002 personas, de acuerdo con información difundida por el congresista federal, Henry Cuéllar.
