México cierra frontera a familias de migrantes; caos en estaciones del Valle del Río Grande, reporta The Monitor

El sitio de procesamiento temporal debajo del Puente Internacional de Anzalduas albergó a miles de migrantes el sábado. Crédito: Henry Cuéllar, congresista federal

Redacción EB

El diario estadounidense The Monitor reveló que el gobierno de México cerró el acceso a familias de migrantes extranjeras en la frontera entre Tamaulipas y Texas, lo que provocó sobrecupo en los albergues gubernamentales y de organizaciones civiles, ubicados en la región del Valle del Río Grande.

Una fuente de la administración federal mexicana afirmó a la periodista Valerie González, que desde el miércoles pasado recibieron la orden de impedir el paso a migrantes en familia o solas que intentaban ser regresadas bajo el argumento del decreto de salud por la pandemia de la Covid 19. La persona que hizo la revelación apuntó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM) no emitieron comunicaciones escritas oficiales.

The Monitor cuestionó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus sigas en inglés) sobre el viraje en la política migratoria de México. Sin embargo, la dependencia respondió a otros medios con un comunicado que no se refirió al tema y que tampoco negó el cambio mexicano. “En este momento, no hay ningún cambio en la política ni en las operaciones del DHS en lo que respecta a la aplicación por parte de la agencia de la autoridad de salud pública del Título 42 de los CDC. Bajo el Título 42, el DHS continúa expulsando a la mayoría de los adultos solteros y, en la medida de lo posible, a las familias encontradas en la frontera suroeste”, escribió el DHS en el comunicado”, mencionó en el boletín.

El Título 42 es el estatuto del Código de Estados Unidos que se ocupa del bienestar y la salud pública. El expresidente Donald Trump puso en operación el título 42 para expulsar a personas no deseadas en Estados Unidos, bajo las consideraciones establecidas por el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) impuso restricciones especiales para los migrantes sin documentos, además del cierre de fronteras con México y Canadá.

La periodista Valerie González consignó que en la región del Valle del Río Grande hay más de 10,000 migrantes procesados y 8,000 sin procesar por los elementos de la Patrulla Fronteriza (BP, por sus siglas en inglés). Dicha cantidad de personas causó el llamado extraordinario para que agentes de otros sectores y de voluntarios acudieran a las estaciones, como “Fort Brown Station”.

El congresista federal, Henry Cuellar, develó que otra de las salidas para evitar el sobrecupo, fue enviar migrantes al sector de Laredo, situación que no aprobó el alcalde de Laredo, Pete Sáenz. Las autoridades del condado firmaron una declaración de desastre para evitar el envío de migrantes a su ciudad. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional decidió trasladar a las familias.

Las fuentes federales mexicanas referidas por González detallan que las familias mexicanas están sujetas a expulsiones del Título 42, pero las familias de países como El Salvador, Guatemala y Honduras no son expulsadas, al igual que los niños que cruzaron la frontera solos.

No es la primera ocasión que sucede esto. En febrero, el gobierno de Tamaulipas se negó a recibir familias con niños. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tuvo que liberar a migrantes en territorio estadounidense y el resto fue trasladado a otras zonas fronterizas, donde sí se permitió el envío de las familias.

Ante la crisis por el hacinamiento de migrantes y el aumento de contagios por la Covid 19, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió para impedir que migrantes sin documentos fueron trasladados en vehículos que no fueran oficiales.

En respuesta, el DHS anunció el traslado de migrantes de regreso a su país a través de un proceso de expulsión acelerado, mismo que no se ejecuta en caso de que una persona solicita asilo y comprueba que su vida corre peligro en su nación de origen.

Por ahora, la forma más inmediata de evitar el hacinamiento es la liberación de las familias. Los agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector del Valle del Río Grande utilizaron esta posibilidad en marzo de 2021.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Brian Hastings, dijo “con la gran cantidad de migrantes detenidos, esta instalación se enfrenta actualmente a importantes limitaciones de capacidad”.

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