Tamaulipas acumula 34 investigaciones por aborto; ocupa el quinto lugar nacional
La Suprema Corte concedió un amparo contra la criminalización del aborto voluntario. Crédito Archivo
De enero a agosto se registraron 34 carpetas; la Corte concedió en abril un amparo contra normas que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo

Tampico, Tamaulipas.- Tamaulipas registró 34 carpetas de investigación por aborto entre enero y agosto de 2026, con lo que se ubicó en el quinto lugar nacional, mientras continúa pendiente la adecuación legislativa a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el derecho a decidir.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en agosto se abrieron siete expedientes, frente a cuatro en julio: un incremento mensual de 75 por ciento. El aumento corresponde a esos dos meses y no a una comparación anual.

En el país se contabilizaron 636 investigaciones durante los primeros ocho meses del año. Por encima de Tamaulipas quedaron Ciudad de México, con 156; Estado de México, con 153; Nuevo León, con 113, y Baja California, con 43.

El registro de carpetas no equivale a un número de mujeres detenidas o sentenciadas, ni permite establecer, por sí solo, que todos los expedientes correspondan a interrupciones voluntarias del embarazo.

El pasado 20 de abril, la Suprema Corte resolvió el amparo en revisión 426/2025 y declaró inconstitucionales disposiciones de la Constitución y del Código Penal de Tamaulipas que criminalizaban el aborto voluntario.

El tribunal consideró que esas normas vulneraban la autonomía reproductiva, la igualdad y el derecho a la salud. También determinó que las autoridades estatales habían omitido garantizar los servicios de interrupción voluntaria del embarazo.

En su comunicación sobre el fallo, la Corte reconoció que “el aborto constituye un servicio de salud” y estableció que debe brindarse de manera “accesible, gratuita, confidencial, segura, oportuna y libre de discriminación”.

La protección concedida impide aplicar las disposiciones impugnadas a las mujeres y personas con capacidad de gestar que promovieron el juicio. También ordena garantizarles el servicio y proteger de sanciones al personal de salud que las atienda. Estos efectos deben distinguirse de una reforma general al Código Penal estatal.

En paralelo, la colectiva Mujer Manglar mantiene su exigencia de despenalización. La organización recordó que en julio de 2019 realizó su primera marcha en el sur de Tamaulipas contra la criminalización del aborto.

“No hemos parado de exigir al estado que despenalice el aborto”, expresó la colectiva.

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