El asesinato de un niño de siete años en manos de policías investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) detonó la indignación del gremio jurídico. El Colegio de Abogados Penalistas de Tamaulipas denunció que la autoridad ministerial está intentando “encubrir” a los agentes responsables y exigió que el caso sea atraído por organismos externos.
El presidente del organismo, Gilberto Ávalos Martínez, sostuvo: “exigimos una investigación independiente, imparcial y supervisada por organismos externos. Este caso representa una violación grave al Estado de Derecho y a los derechos humanos”.
También señaló que después del ataque, a la familia se le ofreció apoyo económico condicionado a firmar un perdón: “Es inmoral e insultante, no se puede poner precio a la vida de un niño”.
Los penalistas adelantaron que brindarán asesoría legal gratuita a la familia y convocaron a la sociedad civil y organismos de derechos humanos a vigilar el proceso. “La justicia será exigida con firmeza, sin concesiones ni silencios cómplices”, cerró Ávalos.
El viernes pasado, sobre la carretera San Fernando–Reynosa, agentes de la Policía Investigadora confundieron a una familia con un grupo armado y dispararon contra el vehículo. El ataque dejó muerto a un niño de siete años y heridos a sus padres.
El padre del menor, Carlos Cáceres, narró que intentó detener el fuego: “levanté la mano para que dejaran de disparar, pero siguieron detonando”. Él resultó herido por esquirlas en la cabeza y el rostro; su esposa sufrió una fractura en el brazo y lesiones de bala.
Tras el ataque, los agentes se identificaron y ofrecieron disculpas. La Fiscalía, en un breve comunicado, afirmó que “se llevan a cabo los actos de investigación” y prometió que “conforme las investigaciones lo permitan, se dará mayor información”.
Este hecho ocurre en medio de una ola de violencia en la frontera de Tamaulipas. Apenas un día antes, en Matamoros, cinco personas resultaron heridas en una balacera, entre ellas dos menores. En ambos episodios, la población civil quedó atrapada en fuego cruzado o en errores de las corporaciones de seguridad.
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