Redacción EB
Un nuevo revés obtuvo el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, después de que el Juzgado Primero de Distrito revocó la expropiación de predios en el poblado La Pesca, municipio de Soto La Marina, uno de los polos turísticos en desarrollo en la entidad.
Las autoridades federales resolvieron el juicio 309/2022 interpuesto por Sergio Manuel Llerena Hermosillo que reclamó la propiedad de 42 hectáreas en la zona, que van desde “El Tortuguero” hacia “El Faro”.
“Resulta procedente el juicio de amparo promovido contra el decreto de expropiación por causa de utilidad pública del inmueble ubicado en La Pesca de Soto La Marina. Se declara fundada, ante ella se deben analizar y dar respuesta a todos argumentos planteados, así como valorar y examinar la totalidad de los medios de prueba que ofreció en el procedimiento de expropiación”, puntualiza el resolutivo.
El Periódico Oficial del estado publicó en su edición del 13 de septiembre de 2021, el decreto para expropiar por parte de la anterior administración, los predios en mención, argumentando que el propósito era salvaguardar el medio ambiente y desarrollar un turismo sustentable.
El proyecto contemplaba la inversión de capital privado, interesado en desarrollar turísticamente la zona.
Una vez concluido el gobierno de Cabeza de Vaca los dueños de los terrenos solicitaron la intervención del gobernador, Américo Villarreal, sustentando sus dichos en que contaban con escrituras y que habían recibido presiones para despojarlos de su patrimonio. Comenzando el litigio que generó los amparos ante el Poder Judicial de la Federación.
Resultado de la presión ante el gobierno municipal y la resistencia de los habitantes de la zona, la supuesta llegada de 50 inversionistas fue cancelada.
Un caso similar ocurrió en playa Miramar, de Ciudad Madero, en donde la empresa, Grupo Inmobiliario Cormon denunció a la anterior administración por el despojo de terrenos en la zona turística más importante de Tamaulipas.
En este segundo caso el Congreso del Estado dio marcha atrás al procedimiento señalando una posible afectación al patrimonio estatal.
