Redacción EB
Mientras el conflicto por el agua entre Tamaulipas y Nuevo León va en aumento, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó de una serie de irregularidades en la construcción del acueducto el “Cuchillo 2”.
El gasto del presupuesto en 2022 reportado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la obra inaugurada el 13 de septiembre por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Samuel García.
Un informe de la dependencia federal detalla que la asignación de recursos para el “Cuchillo 2” se realizó el 31 de agosto del 2022, contando hasta esa fecha con un presupuesto de mil 422 millones 900 mil pesos, mediante el oficio de liberación de inversión núm. UAF/500/503 del 31 de agosto de 2022.
Del monto señalado fueron ejercidos 804 millones 590 mil pesos en el 2022.
Las anomalías encontradas por la ASF corresponden a:
– Contratos sin proyecto ejecutivo ni planos
La ASF revisó los 804 millones 590 mil pesos, que corresponden a 11 anticipos otorgados para la ejecución de las obras, servicios de supervisión y las aportaciones realizadas a la Sedena, encargada de supervisar los trabajos.
Se detectó que los 10 contratos asignados a las 10 empresas que participaron en la obra, además de uno que se firmó por servicios complementarios al proyecto, fueron otorgados sin contar con un proyecto ejecutivo, estudios, planos y normas de calidad.
– No justifican $139.2 millones
La Sedena no pudo comprobar un pago de 139 millones 200 mil pesos que recibió para la construcción del Acueducto.
“Falta de la documentación de soporte por un monto de 139 millones 200 mil pesos ministrados a la Sedena para la gerencia de proyecto con cargo al Convenio de colaboración”, establece el documento, “ni se demostró haber enterado a la Tesorería de la Federación los intereses generados en la cuenta concentradora”.
– No cuadra gasto
Faltó acreditar 523 mil 400 pesos entre el monto ejercido y el reportado por la Conagua en el 2022.
La ASF promueve tres promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Conagua y Sedena tienen 30 días para explicar o justificar lo observado.
