Marcela Nochebuena / Animal Político
Mientras el Gobierno de México presume la inauguración de nuevos hospitales y la conclusión de otros que estaban en abandono, la centralización de los servicios de salud estatales mediante el nuevo modelo IMSS Bienestar implica, al mismo tiempo, una pérdida de eficiencia en la distribución de insumos y medicamentos estratégicos.
Además, los recursos per cápita que se invierten en la población sin seguridad social –a la que responde el órgano público descentralizado– siguen siendo mucho menores (3 mil 858 pesos) que aquellos destinados a las personas con seguridad social, que son 5 mil 127 pesos, según alerta el Coneval en su análisis cualitativo “Estudio sobre el derecho a la salud 2023”.
En el documento, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advierte que la consolidación de compras de medicamentos, mediante la centralización de adquisiciones, ha significado una pérdida de eficiencia en la distribución de insumos que garanticen el derecho a la salud de las personas sin seguridad social.
“Esto significa que las instituciones que pertenecen al subsistema de salud de seguridad social erogan mayores recursos públicos en recursos humanos, infraestructura, insumos, etcétera, lo cual impacta directamente en la calidad y eficacia en la atención de la población con seguridad social, más que en la población que no cuenta con ella”, señala Coneval.
Animal Político publicó que es en esos servicios de salud estatales, hoy en transición a IMSS Bienestar, donde prevalecen carencias intermitentes en hospitales, desde los insumos más básicos hasta aparatos de diagnóstico. En su análisis cualitativo, Coneval destaca que para solucionarlo, es necesario reforzar los mecanismos de coordinación entre federación y estados.
Pese a las constantes quejas por inexistencias de insumos y medicamentos, en su quinto informe el Gobierno de México 2022-2023 destaca la inauguración de seis nuevos hospitales en Hermosillo, Sonora; Fresnillo, Zacatecas; Metztitlán, Hidalgo; Chetumal, Quintana Roo; Cuajimalpa, Ciudad de México y Juchitán, Oaxaca, además de la sustitución de uno en Coatzacoalcos, Veracruz y otro en Tlaxcala, a partir de la implementación del IMSS Bienestar, y que supuestamente mejorarán la calidad de la atención a las personas sin seguridad social.
Estos proyectos de equipamiento, describe el documento que engloba las acciones realizadas entre septiembre de 2022 y junio de 2023, fueron impulsados por el IMSS Bienestar para la transferencia de los servicios de salud, y suman 11 con una inversión de 6 mil 573 millones de pesos en 14 entidades federativas.
Tras la reforma a la Ley General de Salud que en 2019 desapareció el Seguro Popular y creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a inicios de 2022 se anunció un proceso de federalización de los servicios estatales de salud para ser absorbidos por el organismo público descentralizado IMSS Bienestar, que hasta el 18 de julio sumó la transferencia de 253 hospitales, 21 unidades médicas de especialidades y 4 mil 146 centros de salud en 22 estados.
Según la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018 a junio de 2023, el entonces Insabi identificó obras sin concluir –con más de 10 años de abandono– y les asignó 13 mil 850 millones de pesos. Con ellos, se habrían recuperado 61 hospitales en 30 estados, y 129 centros de salud en 18 entidades.
El Gobierno de México destaca la inauguración de seis nuevos hospitales, a partir de la implementación del IMSS Bienestar. Foto: Presidencia
Disminución de insumos especializados y medicamentos oncológicos
El Coneval apunta, sin embargo, que el nuevo modelo genera preocupación en las entidades federativas sobre la pérdida de eficiencia ante la centralización de las funciones, dadas las circunstancias que enfrenta cada estado y la velocidad de respuesta que requieren las contingencias sanitarias.
“Estos hallazgos sobre la centralización se complementan con la pérdida de eficiencia en la distribución y entrega de medicamentos que ocurrió con la consolidación de las compras”, puntualiza el organismo.
En su análisis, detalla que si bien en algunas entidades han mejorado algunos porcentajes de disponibilidad de medicamentos y número de claves, también existe una disminución en insumos especializados y medicamentos oncológicos, lo que ha representado un costo importante para los hogares.
Ante ello, el “Estudio sobre el derecho a la salud 2023: un análisis cualitativo” concluye que persiste un reto identificado de garantizar la distribución oportuna para que las entidades federativas dispongan de los insumos médicos necesarios para brindar una atención adecuada.
Pese a ello, el Quinto Informe de Gobierno presume los “ahorros” que reportaron las compras consolidadas de medicamentos e insumos para la salud en 2022 y la estrategia de compra plurianual 2023-2024. En esta última, los ahorros fueron equivalentes a 25% del valor de compra, y deberían asegurar el abasto en las instituciones públicas de salud hasta 2024, dice el documento.
Al cierre de junio de 2023, de acuerdo con el informe, el abasto de medicamentos e insumos se mantuvo igual o mayor a 95%, aunque se refiere únicamente a 11 entidades que cuentan con el Sistema de Abasto Institucional para monitoreo del surtimiento de recetas.
A pesar de las carencias que se han reportado en hospitales como el pediátrico de Coyoacán y el general de Balbuena, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México también afirma que el abasto de medicamentos e insumos se mantiene en un 90%.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México afirma que el abasto de medicamentos e insumos se mantiene en un 90%.
Otros ejemplos de carencias de insumos
Para su análisis cualitativo, el Coneval seleccionó una muestra de entidades que iniciaron la transición al modelo IMSS Bienestar durante 2022 y principios de 2023: Michoacán, Chiapas y Baja California Sur, además de Tlaxcala y Nayarit.
En esos casos, documentó que si bien el modelo fortalece la disponibilidad hospitalaria para mejorar el primer nivel de atención y mejora la regularización del personal de base –aunque también se han presentado ya diversas quejas al respecto– implica centralización, problemas para el traspaso de infraestructura y se enfrenta a la heterogeneidad de las características socioeconómicas y demográficas de las regiones.
Además, algunas de las entidades todavía tienen incertidumbre acerca de cómo se implementará y operará el modelo, y cómo se adaptará a zonas urbanas, sumado a que la infraestructura es limitada para una atención generalizada.
Por ejemplo, de acuerdo con especialistas en salud, una diferencia importante respecto al desaparecido Seguro Popular es que al ser los servicios estatales preexistentes aquellos transferidos a IMSS Bienestar, la gente sin seguridad social no cuenta con acceso al tercer nivel de salud, ya que la infraestructura con la que estos contaban solo alcanza el segundo.
En tanto, en Querétaro, por ejemplo, el Coneval identificó que el mayor reto del primer nivel de atención está asociado a garantizar, precisamente, el abasto de insumos, pues en algunas unidades de salud no cuentan con insulina, medicamentos antihipertensivos o métodos anticonceptivos –insumos que se habían programado desde el todavía existente Insabi–.
“De igual manera, un punto que fue señalado como crítico es que, a pesar de que sí reciben los medicamentos, en ocasiones estos vienen con meses de retraso o reciben más de lo requerido, por lo que el tema de la capacidad es preocupante”, concluye el Coneval.
Entre inconformidades por nuevas contrataciones, dudas respecto a la operación del modelo e incertidumbre sobre si contribuirá a resolver las carencias de insumos y medicamentos, la transición de los servicios estatales continúa y permitirá que para 2024, el IMSS Bienestar absorba 106 mil 997 millones de pesos adicionales a los que tuvo en 2023, un crecimiento del 494% en términos reales.
Esta nota fue realizada por Animal Político, medio aliado de Elefante Blanco. Aquí puedes consultar la publicación original.
