Ruta Crítica
Opinión por Ernesto López Portillo
En mi colaboración pasada afirmé que “La crisis crónica del Estado de derecho en México es una construcción política y social y la trayectoria del GIEI puede ser leída en esa clave” y agregué que “estos ocho años de investigaciones independientes nos enseñan el máximo posible al que puede aspirar México de cara a la macrocriminalidad”. Nuevas revelaciones confirman que el trabajo del GIEI es como una ventana hacia donde nunca podemos ver, en particular con relación al rol de las Fuerzas Armadas. La oportunidad para aprender de la experiencia y transformarla es extraordinaria, igual que los desafíos que se asoman asociados a los límites insuperables que la investigación encontró.
Blanche Petrich publicó en La Jornada dos entrevistas imperdibles, la primera a Carlos Beristain y la segunda a Ángela Buitrago. Me concentro en la segunda.
Buitrago califica como “inimaginable” lo que en México es una práctica generalmente aceptada: la imposibilidad de los fiscales para acceder a los archivos militares. Ella reflexiona en torno a una combinación de motivos detrás de interpretaciones del derecho y decisiones políticas que restringen el alcance de las atribuciones de investigación: “el funcionario se cohíbe y no aplica el derecho internacional”.
Explica la jurista (recién nominada en la terna propuesta por el presidente Gustavo Petro para ocupar el cargo de Fiscal General de Colombia) que las atribuciones del GIEI dieron para avanzar, “a pesar de las mentiras, el ocultamiento y la desviación de líneas” de investigación. Y gracias a investigaciones contextuales e interpretaciones que aprovechan las herramientas del “bloque internacional” de derecho, trascendieron los límites que buscaba imponer una versión manipulada políticamente para poner en el centro la responsabilidad penal de autoridades locales e identificaron “que lo que afirmaba la Secretaría de la Defensa Nacional era diferente a la realidad qué [sic] se demostraba técnicamente”.
El relato no puede ser más elocuente: “ese bloque internacional no solamente es necesario sino definitivo para romper esos pactos de silencioque se generan en estos casos de delitos contra los derechos humanos. Y esto lleva a otra reflexión: si el país no quiere, no sabe o no puede llevar a juicio a estas personas por desaparición forzada hay instancias internacionales que lo van a hacer. Pienso en la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Buitrago enfatiza una de las más extendidas prácticas a favor de la impunidad en México: “muchos delitos de derechos humanos se tratan aquí como delito común”; y amplía: “la investigación en casos graves de violaciones a derechos humanos no puede ser igual a la investigación de un delito cualquiera”; de ahí la extraordinaria relevancia de “una mirada del contexto” impulsada por un grupo cuya experiencia permitió “exigir la acumulación de hechos para configurar un macro caso”. Fragmentar las investigaciones es una de las más enraizadas prácticas de la (in)justicia penal en nuestro país.
La acumulación de hechos mediante metodologías de análisis de contexto, permite descifrar la responsabilidad penal en la desaparición: “Si los cargos se quedan como delincuencia organizada los responsables pagan cuatro o cinco años de cárcel y después salen a pesar de haber participado en toda la acción que llevó a la desaparición de los muchachos”, explicó a Petrich la abogada del país sudamericano.
El cierre de la entrevista es brutal porque Buitrago recuerda que las investigaciones a cargo de las autoridades mexicanas incluyeron crímenes cometidos de manera sistemática: “Nosotros logramos comprobar en el tercero y segundo informe que el 80 por ciento de los detenidos habían sido torturados para confesar”. Y nos recuerda lo que en nuestro medio parece ya no ser escandaloso: “Si la autoridad es criminal toda la población está en riesgo”.
Lo anoté en mi colaboración anterior, lo reitero: el GIEI llegó al límite de lo posible -bajo las condiciones actuales- y construyó una ventana para que miremos al menos algo de la filigrana donde se tejen los pactos de silencio e impunidad.
Ángela Buitrago deja ver una voluntad presidencial que no alcanzó ante las fuerzas armadas; la investigadora revela que “la fiscalía nunca fue con nosotros a los archivos militares” y recuerda que el general Salvador Cienfuegos, como titular de la Sedena, afirmó públicamente que no iba a dejar que las personas extranjeras interrogaran a sus subordinados.
Trajo el GIEI parte de la experiencia acumulada para dilucidar un “macro caso” de criminalidad, solo que aquí, de facto, las herramientas jurídicas supranacionales y las experiencias de asistencia internacional para investigar los más graves delitos no necesariamente aplican, al menos, para las Fuerzas Armadas.
Ernesto López Portillo. Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos.
