miércoles, 24 de abril del 2024

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Raúl Ramírez Castañeda renunció a una escolta y debilitó los recursos humanos de la dependencia, revela la respuesta de la FGJ obtenida por Elefante Blanco.

Carlos Manuel Juárez / Elefante Blanco

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, renunció a una escolta oficial y debilitó los recursos humanos de la dependencia, señaló la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas en un oficio obtenido por Elefante Blanco.

Tras la filtración de un documento enviado por el fiscal Ramírez, al correo de este medio llegó la respuesta que el titular de la FGJ, Irving Barrios Mojica, dio a cada uno de las solicitudes. La veracidad del documento fue corroborada por Elefante Blanco antes de esta publicación.

A lo largo de las 11 páginas, la Fiscalía general desmiente las aseveraciones hechas por Raúl Ramírez. “Es totalmente falso”, son datos “equivocados” y sus apreciaciones son “alejadas a la verdad” son las frases concretas con que se refuta la postura pública del fiscal anticorrupción.

Los primeros puntos refutados versan sobre la acusación de parálisis debido a la no asignación de nuevos agentes del Ministerio Público. La Coordinación de la oficina del Fiscal anexó copia de las respuestas, donde se incluye información aportada por la propia Fiscalía anticorrupción.

En los documentos se muestra que en enero de 2022, la FGJ comenzó un análisis de capacidades y cargas de trabajo en cada área. El resultado en la dependencia fue que tenía “óptimas condiciones para atender las investigaciones”, de acuerdo con el Índice de Desempeño elaborado por Impunidad Cero.

Empero, en ese misma carta, le mencionan a Ramírez Castañeda que cuenta con la facultad para proponer justificadamente el nombramiento de Agentes del Ministerio Público de designación especial “siempre y cuando cumplan con los requisitos de ingreso a la institución “aprobar exámenes de Control y Confianza”.

El oficio remarca esta necesidad administrativa, situación que no cumple el mismo titular de la Fiscalía especializada, Raúl Ramírez, como se mostró en el oficio de notificación enviado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en noviembre de 2022, y lo que es el motivo principal de la pugna entre las dependencias de justicia.

Despido de personal

Otro punto de la respuesta hace referencia al despido y cambio de personal de la Fiscalía, decisiones que fueron tomadas sin el permiso de Barrios Mojica a pesar de que lo indica la fracción XXXI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

“En fecha 30 de marzo de 2023 se le notificó respecto a la adscripción de 2 Agentes del Ministerio Público a la Fiscalía a su cargo, lo anterior sin dejar de observar que este año usted realizó el cambio de adscripción de 3 Agentes del Ministerio Público a otras unidades administrativas de esta Fiscalía General, y solicitó la renuncia a 2 más, con lo que debilitó el personal sustantivo de la Fiscalía a su cargo hasta por 5 elementos del personal ministerial”, detalla la Oficina.

Ahondando sobre la falta de personal, la Fiscalía general aclara que las 21 personas que tienen pendiente recibir su nombramiento es debido a que los resultados del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) no han sido enviados, lo que es un requisito obligatorio antes de ingresarlos a la nómina.

Rechaza escolta y no es apto para portar arma

La última de las aclaraciones es por el señalamiento de que la Fiscalía no ha proporcionado la escolta establecida en un estudio de riesgo, que consideró que la vida del fiscal Ramírez Castañeda corre riesgo por el cargo que ostenta.

Al respecto, la FGJ dijo:

“Es de manifestarle como en los puntos anteriores que sus apreciaciones siguen SIENDO ALEJADOS A LA VERDAD, toda vez que si bien por acuerdo emitido por el Consejo de Fiscales se le asignó un determinado número de escoltas, también lo es que dicho número no se ha materializado en atención a su negativa de RECIBIR A LOS ELEMENTOS que en su momento se le asignaron”.

A la narrativa de los hechos agregó:

“En relación al vehículo blindado solicitado, le recuerdo que el día 9 de febrero del año 2023 se le hizo entrega de una camioneta marca Chevrolet, submarca Suburban,” en buen estado, LA CUAL NO QUISO RECIBIR. Por lo que en este acto le informo que se encuentra a su disposición una camioneta blindada Jeep Grand Cherokee, en estas oficinas centrales para que el día y hora que desee (dentro del horario laboral) acuda a firmar el resguardo”.

Por último, la correspondencia aclara que el fiscal anticorrupción no puede portar un arma oficial debido a que no cuenta con los requisitos: certificado médico y psicológico de que no cuenta con impedimento físico o mental para el manejo de armas de fuego, examen toxicológico aprobado y examen de control y de confianza aprobado.

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