Laura Islas, Frida Mendoza, Concepción Peralta Silverio, Ami Sosa Vera, Eduardo Buendía / Mexicanos contra la Corrupción*
La misión más importante de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es vigilar que se ejerzan de manera correcta los recursos públicos federales y prevenir actos de corrupción entre todos los funcionarios que los administran.
Para cumplir con esta función debe documentar posibles desvíos y pedir explicaciones sobre gastos no justificados. En caso de que no existan aclaraciones puede solicitar que se devuelva el dinero perdido o denunciar a los responsables para que sean investigados.
A pesar de que este órgano es un brazo fundamental para combatir la corrupción en el país, en los primeros cuatro años fiscalizados por David Colmenares Páramo (2017-2020), la ASF solo ha recuperado 17 de cada 100 pesos señalados con irregularidades.
Mientras que en las administraciones anteriores, de 2000 a 2016, el promedio de rescate es de 53 pesos de cada 100.
De 2017 a 2020, las anomalías sumaron 454,006 millones de pesos que fueron mal ejercidos por instituciones públicas. De los cuales, solo se han recuperado o devuelto 75,356 millones (17%) y 378,650 millones siguen pendientes de justificar (83%).
En contraste, de 2000 a 2016, las irregularidades acumularon 942,403 millones de pesos. De este universo, se aclaró el destino de 500,210 millones (53%) y 442,193 millones de pesos (47%) continúan a la deriva.
Sobre la recuperación de recursos de cuentas pasadas que ha hecho la administración de Colmenares, es imposible determinar el monto ya que eliminó de la herramienta de consulta pública asfdatos la fecha de actualización de las acciones que permitía ver la evolución del proceso de fiscalización, tras la caída de su sistema en septiembre pasado.
A eso se suma un descenso en el número de denuncias de hecho presentadas ante el Ministerio Público. Al comparar los primeros años de David Colmenares al frente de la ASF contra el mismo periodo de su antecesor, Juan Manuel Portal, la cifra se redujo a la mitad.
De acuerdo con el último reporte sobre expedientes entregados a la autoridad investigadora, por probable desfalco a las arcas públicas, en los primeros cinco años de la era Colmenares (2018-2022) se enlistan 220 denuncias de hechos, contra 463 denuncias que presentó la administración anterior en el mismo periodo.
Durante su última gestión, la Auditoría Superior de la Federación también ha sido protagonista de escándalos de presunta corrupción, errores en sus revisiones a la Cuenta Pública, así como fallas en su Sistema Público de Consulta de Auditorías.
Además se ha impulsado una política de hacer uso de instrumentos más laxos que propician una menor recuperación de recursos, se promovieron cambios a sus reglas que provocaron un manejo más discrecional sobre las denuncias que se presentan y una disminución en el número de auditorías forenses, necesarias para ir al fondo de probables desvíos de dinero público.
Respuestas vacías
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad elaboró un análisis de datos de los recursos federales observados a los 32 gobiernos estatales de las cuentas vencidas 2018 y 2019. Se planteó el objetivo de conocer las razones de por qué hay observaciones que siguen en estatus por recuperar o aclarar y aquellas acciones que vencieron o dieron lugar a un nuevo trámite.
Se eligió revisar las anomalías en el dinero federal entregado a cinco entidades: Chiapas, Jalisco, Morelos, Tabasco y Tamaulipas. Para concretar ese propósito, se tramitaron más de mil solicitudes de información dirigidas a la ASF y a la Tesorería de la Federación, institución a la que en teoría deben reintegrarse los recursos observados.
Además, se consultó a contralorías, secretarías de gobierno y entes fiscalizados estatales para conocer cómo comprobaron el dinero señalado con irregularidades.
De manera sistemática, la Auditoría Superior de la Federación negó la entrega de la información requerida, inclusive catalogó como reservados datos y documentos concernientes a anomalías ya aclaradas. Se limitó a dirigir la búsqueda a su Sistema Público de Consulta de Auditorías (asfdatos) y a informar el mismo estatus que aparece en dicha plataforma.
Pese a que MCCI pidió que entregara versiones públicas con datos testados, en caso de que el contenido de la documentación afectara la presunción de inocencia de servidores públicos involucrados en el mal ejercicio de recursos o que entorpeciera los casos judicializados, la ASF no respondió y prefirió ponerle candado a las evidencias.
Por su parte, la Tesofe respondió que “no se encuentra en aptitud de informar sobre los reintegros (recursos regresados a la Federación) por parte de algún gobierno estatal y/o sus dependencias, ni de la Auditoría Superior de la Federación”.
En el caso de las instituciones estatales que mantienen el vínculo con la ASF para dar razón del dinero público fuera de lugar, como contralorías o auditorías locales, fueron contadas las que entregaron evidencia.
En conclusión, cuando un ciudadano desea saber ¿dónde está el dinero perdido de las cuentas públicas? Debe atravesar un largo camino para consultar a las instituciones. Al final, la información es ambigua, escasa y el principal órgano de fiscalización del país prefiere ocultarla a la sociedad.
Solicitudes de aclaración, una política laxa
La ASF tiene la facultad de dirigir acciones a los entes auditados para que rindan cuentas sobre las anomalías en su ejercicio del dinero.
Las solicitudes de aclaración, por ejemplo, son un instrumento mediante el cual la Auditoría da oportunidad de que la institución fiscalizada pueda explicar el destino de dinero del que no se encuentran registros suficientes para establecer cómo se utilizó.
Si una solicitud de aclaración no es enmendada, se convierte en pliego de observaciones, el cual se promueve cuando la ASF detecta un probable daño o perjuicio a la Hacienda pública. El paso siguiente es la denuncia de hechos.
Las revisiones a las cuentas públicas por parte de David Colmenares han impuesto el récord con el mayor monto observado mediante solicitudes de aclaración, una figura que ha dado una mayor oportunidad a las instancias públicas para que comprueben las irregularidades en los recursos que gastaron.
Para los ejercicios de 2017 a 2020 se emitieron 749 solicitudes de aclaración, las cuales reunieron un monto total de 191,386 millones de pesos. Durante los primeros cuatro años fiscalizados por la administración anterior que estuvo al frente de la ASF (2009-2012), se tramitaron 2,609 solicitudes, pero estas sumaron 161,132 millones de pesos.
De hecho la gestión de Colmenares cuenta con seis de las 10 solicitudes con mayor dinero observado en el histórico de registros: una de 14,220 millones de pesos por aclarar por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en 2019, otra de 8,777 millones al gobierno de Tamaulipas en 2018, y otras cuatro que superan los 7,000 millones de pesos cada una.
De los más de 191,000 millones de pesos que reúnen las solicitudes de aclaración de las primeras cuatro cuentas públicas que revisó la ASF de 2017 a 2020, solamente se ha recuperado o aclarado el 17.5%de los recursos.
La gestión de Colmenares tampoco ha considerado la realización de auditorías forenses cuando existan casos emblemáticos de posible corrupción, como las realizadas al caso de la Estafa Maestra. Solo para la Cuenta Pública 2017 se realizaron 12 informes de este tipo y fue una de las revisiones con menor cantidad. A partir de la fiscalización a 2018, se dejaron de practicar.
En 2015 y 2016, por ejemplo, se practicaron 16 y 18 auditorías forenses, respectivamente.
MCCI solicitó una entrevista con el auditor David Colmenares o con algún otro servidor público de la ASF que pudiera ofrecer una declaración sobre las observaciones pendientes por aclarar de las cuentas públicas. Sin embargo, al cierre de esta publicación, no hubo respuesta.
Pozos sin fondo: los recursos sin comprobar de Tamaulipas
El gobierno de Tamaulipas que estuvo a cargo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca se caracterizó por la falta de comprobación de recursos federales ante las observaciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Durante su gestión como titular del Ejecutivo de esa entidad, dejó pendientes por comprobar 14,787 millones de pesos de 18,311 millones que le fueron observados, lo que equivale al 80% del dinero fuera de lugar o mal utilizado.
El órgano fiscalizador encontró anomalías por pagos en exceso a funcionarios, obras públicas de las cuales no se entregaron evidencias documentales y fondos públicos enfocados a la educación de los cuales se desconoce su destino.
La administración del panista inició en octubre de 2016 y concluyó en septiembre de 2022. Américo Villarreal, actual gobernador de ese estado, sucedió a García Cabeza de Vaca en el cargo. De acuerdo con información dada a conocer por el gobierno entrante, se persigue a 35 servidores públicos de la gestión pasada por un probable desfalco que supera los 500 millones de pesos. Las anomalías, declaró Villarreal, fueron detectadas desde la entrega-recepción.
Montos récord bajo observación
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) elaboró un análisis sobre las observaciones que realizó la ASF a las cuentas de los gobiernos estatales. Tamaulipas fue uno de los estados con mayores montos observados.
Para el ejercicio de 2018, que fue el segundo año en funciones de García cabeza de Vaca, su administración concentró la mayor cantidad de dinero con anomalías de todo su sexenio, la cifra superó los 13,323 millones de pesos.
De acuerdo con las auditorías realizadas a recursos federales, ese año el gobierno estatal recibió 17,978 millones de pesos. Es decir, que de 10 pesos que se le transfirieron, en 7 hubo observaciones.
En una sola acción, la ASF solicitó aclarar el destino de casi 9,000 millones de pesos de los cuales no encontró rastro al momento de realizar su revisión al ejercicio del dinero.
“Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 8,777,194,908.17 pesos (ocho mil setecientos setenta y siete millones ciento noventa y cuatro mil novecientos ocho pesos 17/100 M.N.), por concepto de falta de presentación de la información contractual de proveedores y contratistas (contrato, monto, razón social, RFC, descripción, monto de facturas, cuenta bancaria, y banco) del ejercicio de los recursos de Participaciones Federales 2018, la cual fue requerida mediante los anexos en materia de obra y adquisiciones, impidiéndose la conciliación con la información financiera emitida por la Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas”, estableció la Auditoría Superior en el informe 1407-DE-GF correspondiente a 2018.
Para conocer el estatus de esa solicitud de aclaración se tramitaron peticiones vía Ley de Transparencia a dependencias estatales de Tamaulipas en abril de 2022. La Contraloría Gubernamental, órgano que es el vínculo con la ASF y que en ese momento encabezada Elda Aurora Viñas Herrera, indicó que no obraron registros en sus archivos que pudieran dar respuesta. Mientras que la Secretaría de Finanzas aseguró que el caso no era de su competencia.
En ese mismo sentido, la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno emitió un acuerdo en el que declaró la incompetencia para responder.
En el ámbito federal tampoco pudo conocerse el destino de los 8,777 millones de pesos pendientes por comprobar. En una consulta a la ASF, se le pidió saber si el gobierno de Tamaulipas había entregado documentación para aclarar la irregularidad y rechazó entregar pruebas al respecto. Su área de acceso a datos públicos determinó reservar toda información a petición de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación (AESII).
El Comité de Transparencia de la Auditoría Superior votó por unanimidad el 4 de mayo del año pasado la clasificación de los archivos bajo el argumento de que todavía no contaba con una determinación definitiva ya que se encontraba “en seguimiento” y, de ser divulgados los archivos, podrían causar un perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes de fiscalización.
El 31 de enero de 2023, casi nueve meses después de la resolución del Comité, se revisó el estatus de la petición para que Tamaulipas aclarara la cifra millonaria y esta continuaba en la misma situación. En el Sistema Público de Consulta de Auditorías, los 8,777 millones seguían “por recuperar o aclarar”.
Obras sin ejecución
Las inconsistencias en el gasto público de Tamaulipas son pozos de dinero a los que no se les ve el fondo. Algunas están por cumplir seis años y no se observa ninguna variación en las aclaraciones que reporta la Auditoría.
En el historial de 2018 aparecen irregularidades en la construcción de centros integrales de prevención y participación ciudadana, cuyo propósito era fortalecer el tejido social mediante actividades deportivas, talleres y cursos.
Pese a la buena intención de este proyecto, en uno de los estados del país más azotados por la violencia y delincuencia, en el ejercicio de los recursos de ese año la ASF documentó anomalías por trabajos que no fueron ejecutados y otras obras de las que no hay respaldo documento. En su fiscalización, halló pagos sin sustento por 77,972,000 pesos a constructoras derivados de dos observaciones siguen pendientes por aclarar a la fecha.
El dinero en controversia pertenece a contratos entregados por la Secretaría de Obras Públicas (SOP) para la edificación de los centros integrales en los municipios de Altamira, San Fernando, Reynosa, Soto la Marina, Miguel Alemán. Además, en convenios que tenían como objeto las construcciones de un edificio para el Centro de Convenciones, en Reynosa, y del Museo del Niño, en Tampico.
En la mayoría de los acuerdos, aparece el aval de Reynaldo Garza Gómez, quien se desempeñaba como subsecretario de Servicios Técnicos y Proyectos de la SOP, y de Melissa Iglesias Braña, entonces directora jurídica y de acceso a la información pública de la misma secretaría.
Tras realizar solicitudes de información al gobierno de Tamaulipas para saber cuáles empresas fueron beneficiadas con esos contratos en los que se evidenciaron los incumplimientos, se encuentran Qaderm SA de CV, Advance Builders SA de CV, Maderería El Retorno S de RL de CV, 3GR Ingeniería y Construcción SA de CV, Servicio y Soluciones RA y BA S de RL de CV, Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV, Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos SA de CV y Nova Home Construcciones SA de CV.
En noviembre de 2022, Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Contraloría Gubernamental, declaró ante medios de comunicación locales que la dependencia a su cargo mantenía 36 carpetas de investigación abiertas por obras catalogadas como fantasma con recursos que surgieron en las secretarías de Obras Públicas, Educación, Salud y Desarrollo Rural.
La contralora mencionó también que hasta ese momento se citaron a declarar a 68 funcionarios, pero solo acudieron 8.
Con el objetivo de saber más detalle de los avances en las investigaciones que emprende el gobierno de Américo Villarreal, se realizaron varias llamadas telefónicas desde noviembre de 2022 a la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas para solicitar una entrevista con su titular Norma Angélica Pedraza. Aun cuando hubo intercambio de comunicación con funcionarios y la promesa de atender la petición, al cierre de esta publicación no se concretó el encuentro.
Otros 600 millones sin rastro
Además de las observaciones mencionadas, la ASF también promovió otro pliego de observaciones por un probable daño a la Hacienda pública por un monto de 600, 904,000 pesos a la Dirección General de Compras y Operaciones Patrimoniales (DGCYOP) y a la Subsecretaría de Administración y Finanzas (SAF) y a la Comisión de Energía de Tamaulipas (CETAM).
La razón fue la falta de documentación que acreditara la entrega-recepción de bienes y servicios contenidos en 15 contratos. Estas anomalías siguen sin ser aclaradas por parte de las entidades públicas tamaulipecas.
De la revisión, a la CETAM se le solicitó justificar el destino de 11,563,000 pesos que entregó en 3 contratos vía adjudicación directa para el “desarrollo de actividades aeroportuarias” en el Puerto de Altamira, servicios para la adquisición de energía eléctrica y servicios para el apoyo a programas gubernamentales.
El resto de recursos fueron observados a la DGCYOP y a la SAF, oficinas adscritas a la Secretaría de Administración. Al consultar el estatus de estos posibles desfalcos, respondió que no era su competencia entregar información a la ciudadanía.
*Este reportaje fue elaborado por Mexicanos contra la corrupción en colaboración con Elefante Blanco.
